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Comisiones legislativas cierran su gestión y preparan el terreno para el nuevo periodo en la Asamblea Nacional

La mayoría de las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional concluyeron sus labores y dejaron de sesionar esta semana, marcando el cierre del periodo legislativo transitorio y abriendo paso a una nueva administración que asumirá funciones tras la redistribución de los espacios en las quince mesas legislativas.

Los pasillos del Palacio Legislativo, que abarca siete pisos, lucen semivacíos. En la mayoría de oficinas, solo permanecen uno o dos funcionarios. Presidentes y vicepresidentes de las comisiones ya retiraron sus pertenencias, mientras el personal de limpieza prepara los espacios para los nuevos asambleístas que ingresarán tras la instalación oficial del nuevo periodo, prevista para los próximos días.

Fiscalización, una de las pocas mesas aún operativas

La Comisión de Fiscalización y Control Político es una de las pocas que mantiene actividad. Se espera que la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre (RC), disponga la tramitación de al menos una de las tres solicitudes de juicio político aún pendientes: contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura; Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa; y Solanda Goyes, vocal del mismo Consejo. La comisión operará hasta el domingo.

Cierre de otras comisiones y balance de gestión

La Comisión de Transparencia, Participación y Control Social concluyó oficialmente su gestión el miércoles 7 de mayo a las 18:00. En su última sesión aprobó cinco informes de fiscalización, centrados en la rendición de cuentas del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Función de Transparencia y Control Social. También dejó dos iniciativas legislativas pendientes y un informe de segundo debate listo para su tratamiento en el pleno.

Por su parte, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados evacuó quince iniciativas legislativas y cerró su trabajo con el Proyecto de Ley de Límites listo para segundo debate. En el área de fiscalización, se destacó un informe sobre el estado vial de la Amazonía, ampliado luego a escala nacional.

La Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social finalizó su trabajo tras heredar 270 proyectos de ley, acumulados incluso desde anteriores periodos. Divididos en tres bloques temáticos —régimen común, Ley de Servicio Público y seguridad social—, se avanzó en la unificación de propuestas y en la redacción de informes preliminares, aunque varios quedan pendientes.

La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y Derechos Colectivos tramitó cinco proyectos de ley, dos de los cuales ya fueron publicados en el Registro Oficial. Archivó el Proyecto de Ley de Libertad Religiosa y deja dos propuestas aprobadas con veto presidencial. Su informe sobre reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, listo desde octubre de 2024, aún no ha sido debatido en el pleno. Esta comisión acumuló 126 sesiones y nueve procesos de fiscalización, algunos aún en desarrollo, como el seguimiento de acuerdos sobre femicidios y presuntas irregularidades en Petroecuador.

Comisión de Régimen Económico: proyectos estructurales en pausa

La Comisión de Régimen Económico y Tributario también cierra con tareas pendientes. El principal es un proyecto de ley que unifica quince propuestas sobre reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo primer debate en el pleno se realizó apenas la semana pasada. Durante el periodo, la mesa aprobó informes sobre la proforma presupuestaria y una propuesta legal para canalizar recursos en la lucha contra la corrupción.

Proceso de transición

Según disposición oficial, las quince comisiones deben entregar toda la documentación actualizada sobre el estado de los proyectos de ley hasta el 12 de mayo. Estos registros serán almacenados en el Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional para consulta de los nuevos legisladores.

El nuevo periodo legislativo se perfila con retos clave en materia económica, institucional y de gobernabilidad, en un contexto político marcado por la necesidad de fortalecer la fiscalización y destrabar la agenda legislativa acumulada.

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