En una medida que refuerza su política migratoria de línea dura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la firma de una orden ejecutiva destinada a incentivar la autodeportación de inmigrantes en situación irregular. El programa, que ofrece vuelos gratuitos al extranjero y una recompensa de 1.000 dólares a quienes salgan voluntariamente del país, ha generado controversia y reacciones divididas tanto a nivel nacional como internacional.
«Estamos haciendo que sea lo más fácil posible para los inmigrantes ilegales salir del país», publicó el mandatario en su red social, Truth Social. Según explicó, cualquier persona en condición migratoria irregular podrá presentarse en un aeropuerto y acceder a un pasaje gratuito, o bien reservar su salida a través de una aplicación móvil habilitada para tal fin.
El plan, que también incluye el pago del transporte completo y otros gastos logísticos, busca —según el propio Trump— permitir que quienes se acojan a este esquema «quizás algún día puedan regresar legalmente a Estados Unidos».
La Casa Blanca argumenta que este enfoque reduciría significativamente los costos del proceso de deportación tradicional. De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el costo promedio por arrestar, detener y expulsar a un inmigrante en situación irregular asciende actualmente a 17.121 dólares. Con el nuevo sistema, ese gasto se vería reducido en hasta un 70%.
Reforzamiento operativo y expansión de agentes
Paralelamente, el presidente firmó una proclamación que ordena ampliar la fuerza de agentes dedicados a las operaciones de deportación. La meta, según el documento oficial, es contar con al menos 20.000 nuevos efectivos para ejecutar una campaña intensiva de expulsión de quienes no abandonen el país voluntariamente.
Para alcanzar esa cifra, el DHS podrá reclutar a agentes estatales y locales, exoficiales federales, así como personal de otras agencias gubernamentales. No obstante, la proclamación no aclara cómo se financiará esta expansión, ni qué recursos serán redirigidos desde otras dependencias.
«A más tardar 60 días desde la fecha de esta proclamación, el Secretario de Seguridad Nacional deberá complementar las operaciones actuales mediante la delegación y contratación de agentes del orden público a nivel estatal, local y federal», señala el comunicado oficial.
Reacciones y contexto
La propuesta marca un nuevo capítulo en la agenda migratoria del mandatario republicano, en un año electoral donde el control fronterizo y la inmigración han vuelto a ocupar un lugar central en el discurso político. Mientras algunos sectores conservadores celebran la iniciativa como una forma pragmática y menos costosa de reducir la inmigración ilegal, organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de coacción y el impacto humanitario que este tipo de políticas puede tener sobre comunidades vulnerables.
Con esta medida, Trump refuerza su narrativa de “mano dura” frente a la inmigración no autorizada, y al mismo tiempo apunta a disminuir la presión sobre el sistema migratorio y judicial del país, que enfrenta actualmente una alta carga de casos pendientes y recursos limitados.
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