La instalación del juicio contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue suspendida este lunes luego de que el exmandatario no se presentara ante el tribunal que lo convocó en la ciudad de Tarija. El proceso judicial está relacionado con una acusación por presunta trata de personas agravada vinculada a una menor de edad.
La Fiscalía boliviana sostiene que Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años, con quien presuntamente tuvo una hija. Según el expediente del caso, los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de beneficios otorgados por el entorno político del exgobernante.
La audiencia debía marcar el inicio formal del juicio; sin embargo, la ausencia del acusado obligó a la suspensión de la diligencia. Sobre Morales pesa además una orden de captura emitida dentro del mismo proceso judicial.
El exmandatario permanece en la región cocalera del Chapare, considerada su principal bastión político y sindical, donde cientos de seguidores y campesinos mantienen vigilias permanentes para impedir una eventual intervención policial destinada a ejecutar la orden de aprehensión.
El conflicto judicial se remonta a enero de 2025, cuando un juez declaró a Morales en “rebeldía” después de que no acudiera a una citación mientras aún se desarrollaba la etapa investigativa del caso. Esa figura legal puede impedir el avance de un proceso penal hasta que el acusado comparezca ante la justicia.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Ortiz Flores, señaló días atrás que será el tribunal encargado de la causa el que determine cómo proceder ante la ausencia del exmandatario.
Por su parte, el equipo jurídico de Morales argumenta que tanto el expresidente como sus abogados no asistieron porque, según sostienen, no fueron legalmente notificados. Wilfredo Chávez, uno de sus defensores, afirmó que la convocatoria fue realizada mediante edictos públicos y no a través de una notificación directa en el domicilio del exmandatario.
La defensa también insiste en que el caso ya había sido investigado anteriormente. Según sus abogados, en 2019 Morales enfrentó una indagación por presunto estupro, proceso que fue archivado en 2020 sin llegar a juicio.
No obstante, las autoridades bolivianas reactivaron el expediente en 2024 bajo la figura penal de trata de personas agravada, un delito considerado de mayor gravedad dentro de la legislación boliviana.
Se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales y fiscales ofrezcan una conferencia de prensa para informar sobre las nuevas decisiones respecto al proceso y la situación legal del exmandatario boliviano.
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