El Pleno de la Asamblea Nacional ha sido convocado para este martes, 27 de mayo, a las 09:00, con el objetivo de conocer y resolver el pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, quien solicita autorización legislativa para dar inicio al enjuiciamiento penal de la exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Esther Adelina Cuesta Santana, en el marco del denominado caso Liga2.
La solicitud judicial fue remitida al Legislativo el pasado 22 de mayo, a través del secretario relator de la Sala Penal de la Corte Nacional. En ella, la magistrada indica que la Fiscalía General del Estado ha solicitado la vinculación de Cuesta, Andrés Arauz y Raúl González a la causa, y recuerda que Cuesta ostentaba fuero de Corte Nacional por su calidad de asambleísta en funciones durante parte del periodo investigado.
Un procedimiento que exige votación calificada
Según lo estipulado en la legislación ecuatoriana, la Asamblea debe emitir autorización previa cuando se pretende enjuiciar penalmente a un exasambleísta por hechos ocurridos durante su ejercicio. Para levantar la inmunidad parlamentaria, se requiere el respaldo de al menos 101 votos en el Pleno.
El bloque correísta, al que pertenece Cuesta, cuenta con 66 votos; el oficialismo (Acción Democrática Nacional, ADN), posee una cifra similar y, con alianzas ocasionales, podría alcanzar hasta 71 votos. La votación, por tanto, se perfila como incierta.
Cuesta, señalada como parte de un supuesto plan de control institucional
En el caso Liga2, la Fiscalía investiga un presunto delito de asociación ilícita, basado en una supuesta estrategia impulsada por miembros del correísmo para controlar organismos clave del Estado, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura.
Cuesta es mencionada en chats extraídos durante la investigación, en conversaciones entre Andrés Arauz y el exconsejero del CPCCS Augusto Verduga, donde se alude a su rol como presidenta encargada de la Asamblea Nacional. Según la Fiscalía, habría intervenido para bloquear la posesión de Roberto Romero como superintendente de Bancos, en favor de Raúl González, vinculado al movimiento correísta.
Precedentes legislativos y escenarios posibles
Este no es el primer caso en el que la Asamblea debe pronunciarse sobre la posibilidad de levantar inmunidades. El pedido de Camacho cita precedentes como los casos de Jamil Mahuad, Rafael Correa, Verónica Abad y Jorge Glas, este último procesado judicialmente en 2023 a pesar de que la Asamblea no reunió los votos necesarios para autorizar su juicio penal.
En este contexto, podrían darse dos escenarios: que la Asamblea niegue o apruebe la solicitud; o que, ante la falta de consenso, no emita un pronunciamiento, dejando la decisión final en manos de la jueza, como ocurrió en el caso Glas.
Avances del caso y nuevo liderazgo en la Fiscalía
El caso Liga2 fue abierto formalmente el 15 de marzo de 2025, con una instrucción fiscal inicial de 90 días, contra los exconsejeros del CPCCS Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, además de la actual consejera Nicole Bonifaz.
La investigación apunta a una red operativa dentro del CPCCS para beneficiar políticamente a la Revolución Ciudadana. La vinculación de Cuesta, Arauz y González está planteada dentro de esta línea argumentativa, y la Fiscalía asegura contar con elementos de convicción suficientes para presumir su participación como autores o colaboradores.
Con la reciente renuncia de Diana Salazar como fiscal general y la posesión de Wilson Toainga como fiscal encargado, será este último quien lidere el proceso de vinculación. Si la Asamblea autoriza el juicio penal o se resuelve que no se requiere tal autorización, la instrucción fiscal se extendería por 30 días adicionales.
El debate parlamentario de este martes marcará un nuevo capítulo en el tenso escenario político y judicial que enfrenta el correísmo, bajo el escrutinio constante de la opinión pública y con un reloj procesal que avanza hacia el 13 de junio, fecha límite del periodo de investigación actual.
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