El Gobierno de Bolivia presentó este jueves una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de terrorismo, además de otros siete cargos, tras la divulgación de un audio en el que supuestamente ordena bloquear el acceso a la ciudad de La Paz. La información fue confirmada por el ministro de Justicia, César Siles.
En el contexto de una creciente crisis política y social, la denuncia se da luego de cuatro días consecutivos de bloqueos organizados por simpatizantes del exmandatario, principalmente en el departamento de Cochabamba, bastión político del líder cocalero. Las protestas exigen la renuncia del actual presidente Luis Arce, a quien responsabilizan por la crisis económica que atraviesa el país y acusan de manipular las instituciones judiciales y electorales para excluir a Morales de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto.
“El expresidente está siendo denunciado por terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, obstrucción de procesos electorales, entre otros delitos”, explicó el ministro Siles. El cargo de terrorismo, el más grave de los señalados, contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión según la legislación boliviana.
La acusación se sustenta en un presunto audio difundido el miércoles por un exdirigente cercano a Morales. En la grabación, atribuida al exmandatario, se escucha una voz instruyendo el cierre de dos importantes vías de acceso a La Paz, sede de los poderes del Estado. El Gobierno asegura que este jueves se registraron más de 40 puntos de bloqueo en distintas regiones del país.
Siles pidió al Ministerio Público actuar con “celeridad” para procesar la denuncia. La tensión se agudiza mientras Morales permanece en la zona cocalera del Chapare, en Cochabamba, donde se encuentra desde octubre pasado, en medio de una orden de captura por un caso de presunta trata de una menor, acusación que él rechaza categóricamente.
En respuesta a los nuevos cargos, Morales escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Un nuevo proceso se suma a los trece que el gobierno de Arce me inició en estos últimos meses. Esta denuncia no detendrá los reclamos populares”.
El expresidente, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, intentó inscribirse como candidato presidencial, pero fue impedido por no contar con un partido político registrado antes del cierre del plazo legal en mayo. Además, una sentencia judicial le prohíbe postularse nuevamente, al establecer el límite de una sola reelección presidencial.
La actual crisis económica boliviana —caracterizada por la escasez de dólares, la falta de carburantes y el agotamiento de las reservas internacionales— ha incrementado el descontento social. El Gobierno ha recurrido a la importación de combustibles para mantener el subsidio interno, lo que ha generado fuertes presiones fiscales.
El presidente Arce ha denunciado que las movilizaciones buscan forzar su renuncia y desestabilizar el proceso electoral con el objetivo de “habilitar” a Morales como candidato “por la fuerza”.
Esta no es la primera vez que Morales es acusado de terrorismo. En 2019, el entonces gobierno interino de Jeanine Áñez también lo denunció por ese delito, tras la difusión de un video en el que se lo escuchaba supuestamente ordenando bloqueos tras su renuncia. Ese caso fue archivado tras la llegada de Arce al poder en 2020, quien fuera ministro de Economía de Morales.
La Fiscalía deberá ahora determinar si admite la denuncia y da curso a una investigación que podría tener profundas repercusiones en el panorama político del país a poco más de dos meses de las elecciones generales.
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