La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional expresó su firme rechazo al primer informe del proyecto de Ley de Integridad Pública, que aunque se enfoca en reformas a la contratación pública y al régimen de los servidores estatales, incluye disposiciones que modifican la responsabilidad penal de adolescentes infractores.
A través de un pronunciamiento oficial, la Comisión calificó de inaceptable que en el marco de una normativa orientada a la gestión pública se introduzcan cambios que afectan directamente los derechos de los menores de edad, sin haber sido sometidos a un análisis técnico y multidisciplinario.
«Es inaceptable que desde una propuesta de ley sobre contratación pública y servidores públicos se pretenda modificar la responsabilidad de los adolescentes infractores», señala el comunicado difundido este martes.
El organismo legislativo cuestiona que estos cambios se planteen fuera de los espacios especializados en niñez y adolescencia, lo que —a su juicio— representa un riesgo para las garantías que ha conquistado este grupo poblacional en el país. Asimismo, exige que cualquier reforma que impacte los derechos de niñas, niños y adolescentes sea canalizada a través de su Comisión, en cumplimiento del artículo 21, numeral 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En su declaración, la Comisión reiteró su compromiso con el interés superior del niño y lanzó una alerta a la sociedad civil y a los organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales:
«Alertamos a la ciudadanía y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre el riesgo que implica retroceder en garantías ya consolidadas para la niñez y adolescencia del país».
Este debate surge en un contexto especialmente sensible, dado que el 17 de junio se instaló el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos delincuenciales, una iniciativa encabezada por la vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg. Durante su sesión inaugural, el Comité aprobó resoluciones clave, incluida la formulación de una estrategia nacional contra el reclutamiento forzado y la elaboración de un plan de acción en un plazo de 30 días.
La inclusión de reformas penales en una ley de carácter administrativo ha encendido las alertas dentro del Parlamento y podría abrir un nuevo frente de discusión legislativa en los próximos días.
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