La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció este jueves sobre la denuncia por presunta violación a una menor de 12 años que involucra al asambleísta Santiago Díaz, exmilitante del movimiento Revolución Ciudadana (RC). La denuncia ha generado una fuerte conmoción política y social en el país, y Aguiñaga no eludió el tema.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la también exasambleísta dejó en claro que hablaba no como funcionaria, sino como mujer, familiar y ciudadana:
“Cuando una niña es violentada no hay espacio para el silencio. Eso no se justifica, no se maquilla, no se calla. Se investiga, se sanciona y se castiga con todo el peso de la ley. Que caiga quien tenga que caer”, escribió Aguiñaga.
Caso en investigación
El caso, ya en manos de la Fiscalía General del Estado bajo la denominación “Díaz Asque”, ha motivado diligencias judiciales. Esta semana, el domicilio del legislador fue allanado, y las autoridades incautaron varios dispositivos electrónicos como parte de los indicios para la investigación.
Paralelamente, en la Asamblea Nacional, Santiago Díaz solicitó licencia sin sueldo desde el 8 de julio para enfrentar el proceso legal. Desde entonces, ha desaparecido del ojo público: no ha emitido declaraciones ni ha reaparecido en redes sociales.
Ruptura con el correísmo
El escándalo también ha tenido consecuencias políticas. La bancada de Revolución Ciudadana retiró su respaldo a Díaz y oficializó su expulsión tanto de la bancada legislativa como del movimiento. Su cercanía con figuras de alto perfil del correísmo, incluido el expresidente Rafael Correa, ha aumentado la presión sobre la organización política.
Cabe destacar que en meses recientes, Díaz generó polémica al presentar un proyecto de ley para permitir el consentimiento sexual desde los 14 años, propuesta que hoy genera aún más controversia en el contexto de la denuncia.
La postura de Marcela Aguiñaga marca un punto de inflexión dentro de Revolución Ciudadana, partido que ahora enfrenta una profunda crisis interna por el manejo del caso y su impacto en la opinión pública.
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