La falta de recursos, el uso de municiones y explosivos vencidos, y los recortes presupuestales han puesto en evidencia la profunda crisis financiera que atraviesa el sector de la defensa en Colombia. A pesar de las advertencias técnicas sobre los riesgos del material obsoleto, el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial han tenido que recurrir a estos equipos defectuosos en medio de una situación económica que pone en jaque la seguridad nacional.
Una investigación de Semana revela que, durante los últimos cuatro meses, las Fuerzas Armadas del país han enfrentado un grave deterioro en su capacidad operativa debido a los recortes en el presupuesto asignado para 2025, el cual se estima en 33 billones de pesos. Sin embargo, alrededor de 921.000 millones de pesos han quedado congelados debido a restricciones fiscales, lo que ha obligado a suspender compras esenciales, frenar proyectos de infraestructura clave y paralizar las inversiones en desarrollo humano para la fuerza pública.
Impacto en las fuerzas de seguridad
La crisis también ha afectado seriamente la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad ante la creciente amenaza de grupos armados ilegales, que han aumentado su capacidad ofensiva en diversas regiones del país. Altas fuentes militares han advertido sobre la reducción de la movilidad de tropas, la limitación de recursos para inteligencia y equipamiento, y los problemas operacionales derivados del uso de equipos defectuosos.
El Ejército Nacional solicitó 22 billones de pesos para enfrentar el aumento del crimen organizado, pero solo recibió 12 billones, el 54% de lo requerido. Esta falta de recursos ha forzado recortes significativos en divisiones clave en regiones como Antioquia, Meta, Caquetá y Guaviare, zonas controladas por organizaciones como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo.
La situación en la Policía y la Armada
La Policía Nacional también se enfrenta a una grave crisis presupuestaria. Con un presupuesto de 14,7 billones de pesos, el déficit alcanza los 8,3 billones de pesos, lo que ha provocado recortes drásticos en áreas como operaciones y tecnología. La situación es aún más crítica en regiones como Cali y Caquetá, donde las reducciones en el presupuesto han afectado gravemente la capacidad operativa de la fuerza pública.
Por su parte, la Armada Nacional solicitó 4,6 billones de pesos, pero recibió solo 3 billones. Las restricciones han impactado seriamente en sectores cruciales como las Fuerzas Navales de la Orinoquía y el Caribe, así como en las operaciones navales, que han visto una reducción de casi el 100%.
Incertidumbre en la Fuerza Aeroespacial y el Ministerio de Defensa
En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el presupuesto ha sido insuficiente para mantener y modernizar los equipos. De los 2,6 billones destinados a la fuerza, solo una fracción se invierte en tecnología, dejando a la fuerza pública expuesta a nuevas vulnerabilidades.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció la gravedad de la situación en una entrevista con Semana, admitiendo que el presupuesto solicitado no fue aprobado y que las inyecciones puntuales, como los 800.081 millones derivados de un decreto de conmoción interior, no son suficientes para cubrir las necesidades estructurales del sector defensa.
Investigaciones sobre irregularidades
La Contraloría General de la República ha abierto investigaciones sobre el uso de materiales vencidos, pérdidas de armamento y sobrecostos en la compra de equipos, lo que aumenta la preocupación por la gestión financiera dentro del sector defensa. Mientras tanto, en varias regiones del país, los municipios enfrentan dificultades para financiar sistemas de seguridad básicos, como la videovigilancia y las estaciones de policía.
La falta de recursos y la obsolescencia de equipos han expuesto a las Fuerzas Armadas y la Policía a vulnerabilidades críticas, mientras los grupos ilegales consolidan su poder en regiones estratégicas del país, lo que plantea serias interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger el territorio colombiano.
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