En Ecuador, el consumo de cannabis recreativo es significativamente bajo, con apenas un 0,7% de la población entre 15 y 64 años admitiendo haberlo utilizado, según datos de la ONU y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Sin embargo, a pesar de esta cifra reducida, la criminalización del uso sigue siendo un problema relevante en el país, con miles de personas detenidas por portar pequeñas cantidades de cannabis. Esta situación ha generado un debate social que podría dar lugar a una futura discusión sobre una Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis.
Una paradoja legal:
Aunque menos del 1% de la población ecuatoriana ha consumido cannabis, miles han sido arrestados por poseer pequeñas dosis. Al mismo tiempo, más de 700 empresas operan legalmente con cáñamo en el país, lo que ha impulsado a colectivos como la Red de Acción Canábica del Ecuador (RedCann) a recolectar firmas para regular el cannabis psicoactivo mediante una iniciativa popular normativa. El plazo para entregar las firmas vence en octubre de 2025.
Un sistema judicial ambiguo:
La legislación ecuatoriana sobre drogas ha experimentado varios cambios a lo largo de los años, pero todavía enfrenta inconsistencias. En 2023, por ejemplo, un joven fue detenido en Quito por portar solo 0,6 gramos de marihuana, sin que se realizara un peritaje para verificar si la sustancia contenía más del 1% de THC, criterio que determina si se considera droga. Este caso resalta el problema de la penalización sin pruebas técnicas, algo que abogados penalistas como Andrés Moreno critican como un acto de condena basado en prejuicios.
Un cambio necesario:
Desde los años 90, las políticas contra el cannabis han sido especialmente severas, y entre 1992 y 2013 más de 12,000 personas fueron encarceladas por portar cantidades pequeñas de la droga. Según un estudio de 2015, el 50% de los arrestos por drogas estaban relacionados con cannabis, afectando principalmente a jóvenes de entre 16 y 29 años, y exacerbando las desigualdades sociales y raciales dentro del sistema penal.
Lecciones de América Latina:
Mientras Ecuador sigue criminalizando el consumo de cannabis sin una regulación clara, varios países latinoamericanos han comenzado a adoptar modelos más inclusivos. Uruguay fue pionero en 2013 al legalizar el consumo recreativo, y hoy más del 60% de los usuarios acceden al cannabis de manera legal. En México y Colombia, la despenalización ha avanzado, y otros países como Argentina y Canadá han implementado modelos de control estatal combinados con educación y prevención.
El futuro de la legalización:
La propuesta de la RedCann busca regular el cannabis de manera responsable, promoviendo tres pilares clave: uso medicinal, uso adulto voluntario y autocultivo (hasta 30 plantas por persona). La iniciativa fue avalada por el Consejo Nacional Electoral en enero de 2025 y tiene hasta octubre de 2025 para reunir 35,000 firmas.
¿Está Ecuador preparado para un cambio?
La falta de estadísticas actualizadas y la ausencia de una legislación clara sobre el consumo recreativo de cannabis siguen siendo obstáculos. Los datos disponibles muestran que, mientras más de 700 empresas operan con cáñamo, el sistema judicial continúa dictando sentencias sin pruebas técnicas, y la ambigüedad legal prevalece.
El debate sigue abierto, pero la presión para avanzar hacia una regulación responsable crece, a medida que más ciudadanos y colectivos reclaman un enfoque más humanitario y basado en la evidencia. ¿Está Ecuador listo para dar el paso hacia la legalización? Por ahora, la respuesta sigue siendo incierta.
Sé el primero en comentar