El asambleísta Santiago Díaz enfrenta prisión preventiva tras haberse entregado voluntariamente a las autoridades la tarde del lunes 21 de julio en Tumbaco. La medida fue dictada este martes 22 de julio de 2025 por una jueza, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara 25 elementos de convicción en su contra dentro de un proceso por el presunto delito de violación a una menor de edad.
Díaz, quien pertenecía a la bancada de la Revolución Ciudadana, fue denunciado el pasado 7 de julio por el padre de la víctima. Al día siguiente, solicitó licencia sin sueldo y desapareció del escenario público. Días más tarde, el Gobierno ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que condujera a su captura. No obstante, el legislador optó por entregarse.
El caso ha provocado una fuerte conmoción social y política. Tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza también ordenó la prohibición de enajenar bienes, mientras la instrucción fiscal se extenderá por 60 días.
La respuesta política no se hizo esperar. La noche del mismo martes, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) emitió un comunicado en el que exige la renuncia inmediata del legislador.
“Una persona procesada por un delito de tal gravedad no puede continuar ocupando un escaño. Por respeto a las víctimas y al país, exigimos su salida inmediata”, expresó el bloque, asegurando que no tolerarán el silencio frente a hechos tan graves.
Santiago Díaz, ahora asambleísta independiente tras ser expulsado de su partido, no se ha pronunciado sobre este pedido hasta el cierre de esta edición.
En paralelo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó recientemente un polémico proyecto de ley impulsado por Díaz, que proponía permitir el consentimiento sexual desde los 14 años, iniciativa que fue ampliamente rechazada por sectores sociales, políticos y de derechos humanos.
El proceso judicial sigue en curso y ha reavivado el debate sobre la integridad y el control ético de quienes ocupan cargos públicos.







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