En respuesta a recientes preocupaciones diplomáticas, el Gobierno Nacional del Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, reafirmó su compromiso con el derecho internacional y la protección de los derechos humanos, en el marco del proceso de deportación de ciudadanos colombianos que se encontraban privados de libertad en el país.
La Cancillería ecuatoriana aclaró que no se han ejecutado deportaciones colectivas, y que todos los procedimientos migratorios se han llevado a cabo de manera individualizada, conforme a la legislación vigente y con la coordinación judicial y policial pertinente.
Según el comunicado oficial, desde el 8 de julio se ha mantenido informado al Consulado de Colombia en Quito a través del canal diplomático correspondiente sobre el estado de los casos.
Coordinación institucional y respeto legal
El proceso ha contado con el apoyo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que ha sido clave en la aplicación de las resoluciones emitidas por la Subsecretaría de Migración. Esta labor ha incluido la gestión de audiencias individuales, la colaboración con jueces competentes y la emisión de boletas de excarcelación debidamente autorizadas, en estricto cumplimiento de la ley.
Las autoridades aseguran que el operativo —en el que participan varias instituciones del Estado— se ejecuta bajo protocolos de seguridad, con respeto a los derechos humanos y garantizando la confidencialidad de los casos, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Política migratoria responsable
El Gobierno Nacional reiteró que estas acciones se enmarcan en una política migratoria responsable, que busca garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, sin comprometer la seguridad interna ni el orden público del país.
Con esta declaración, Ecuador busca disipar dudas y preservar el diálogo diplomático con Colombia, asegurando que sus decisiones en materia migratoria respetan plenamente los compromisos internacionales y el debido proceso.
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