Un fuerte pronunciamiento del contralmirante retirado Daniel Lino Comisso Urdaneta sacudió el panorama político y judicial internacional, tras la reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de ordenar al fiscal Karim Asad Ahmad Khan que se aparte de la investigación sobre Venezuela por un presunto conflicto de intereses. En una carta dirigida directamente al fiscal, Comisso lo acusa de actuar con deshonestidad y de haber traicionado las esperanzas de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro.
“Prefirió utilizar su posición y autoridad para beneficio personal, enlodando su ética y violando la ley”, escribió el alto oficial retirado de la Armada venezolana, quien fue figura visible en el movimiento militar opositor de 2002. A su juicio, Khan no solo faltó a sus deberes, sino que se convirtió en “un servil más a los designios del régimen criminal, tal como lo hiciera su antecesora”.
El detonante del escándalo fue la revelación de que la cuñada de Khan, la abogada penalista Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo legal que defiende al Gobierno venezolano ante la CPI. Aunque el fiscal negó en su momento que esto constituyera un conflicto de intereses, la Corte de Apelaciones de la CPI concluyó lo contrario y le ordenó su recusación del caso.
“Se burló de la esperanza de un pueblo”
En su carta, Comisso expresó su profunda frustración por lo que considera una traición a los principios de justicia internacional:
“Usted ha traicionado y burlado el padecimiento de un pueblo oprimido, ultrajado y abandonado”, afirmó, al tiempo que lo responsabilizó de haber debilitado aún más la credibilidad de los organismos internacionales.
El contralmirante recordó que entre noviembre de 2021 y septiembre de 2024 envió cuatro cartas al fiscal de la CPI, en las que describía la angustia de millones de venezolanos y lo exhortaba a actuar contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.
Crisis de credibilidad en la CPI
La situación se agrava con la investigación paralela que enfrenta el fiscal Khan por presunta conducta sexual inapropiada. La denuncia, ventilada por medios internacionales, fue formalmente elevada a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de las Naciones Unidas por encargo de la presidenta de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI. Según la denunciante, una exasistente jurídica malasia, Khan habría intentado detener la denuncia entre súplicas y presión emocional.
La gravedad del caso ha generado divisiones dentro del sistema judicial internacional. El exjuez italiano de la CPI, Cuno Tarfusser, calificó como “perturbador y escandaloso” el manejo del proceso contra Khan, mientras que otro magistrado expresó su temor de que el procedimiento no cumpla con las garantías procesales básicas.
Víctimas aún sin justicia
La investigación sobre Venezuela es la única abierta por la CPI en América Latina, iniciada en 2018 a solicitud de varios países, entre ellos Argentina, Colombia y Perú. El fiscal Khan asumió el caso en 2021, generando expectativas entre las víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Hoy, esa esperanza se tambalea. La Fundación Arcadia, organización con sede en Washington que impulsó la recusación de Khan, reiteró que la relación familiar entre el fiscal y una abogada del régimen crea una “apariencia innegable de impropiedad” y “temor razonable de parcialidad”.
Khan tiene un plazo de tres semanas para solicitar formalmente su exclusión del caso. Mientras tanto, crece la presión internacional para que se garantice una investigación independiente y transparente que responda al clamor de justicia de miles de víctimas venezolanas.
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