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EE.UU. propone depósito reembolsable de hasta USD 15.000 para ciertos solicitantes de visa temporal

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha propuesto una nueva medida migratoria que obligaría a ciertos solicitantes de visas temporales —como las de turismo (B2) y negocios (B1)— a pagar un depósito reembolsable de hasta 15.000 dólares como condición para ingresar al país.

La propuesta forma parte de un programa piloto de 12 meses, según informó la cadena CNN, y tiene como objetivo reducir la tasa de permanencia ilegal en territorio estadounidense tras el vencimiento de los visados. El aviso será publicado en el Registro Federal y la medida entraría en vigencia 15 días después de su publicación oficial.

¿A quiénes se aplicaría la medida?

De acuerdo con el informe, la política está dirigida a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia ilegal y con sistemas de control interno considerados deficientes por el gobierno de EE.UU. Los montos del depósito variarían entre USD 5.000, 10.000 y 15.000, dependiendo del riesgo percibido por el país de origen del solicitante.

No obstante, la medida contempla excepciones caso por caso y no aplicará a los ciudadanos de países que integran el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), el cual permite viajar por turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de visa previa. Actualmente, este programa incluye 42 países, en su mayoría europeos.

Más cambios en la política de visados

La iniciativa se suma a otras modificaciones recientes. La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que un número creciente de solicitantes de renovación de visa deberá realizar entrevistas presenciales adicionales, incluso si anteriormente estaban exentos.

Además, quienes participen en el programa de Lotería de Visas de Diversidad deberán presentar un pasaporte válido del país con el que postulan, como parte de un esfuerzo por reforzar los controles migratorios.

Depósito como medida de garantía

El gobierno estadounidense argumenta que el depósito busca proteger al país de asumir los costos derivados del incumplimiento de las condiciones migratorias por parte de los visitantes. Aunque esta idea ha sido discutida anteriormente, nunca fue implementada debido a su complejidad administrativa y al rechazo público. Sin embargo, el Departamento de Estado sostiene que las circunstancias actuales justifican reconsiderarla.

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