El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comenzó a cumplir una orden de prisión domiciliaria desde el lunes 4 de agosto, por decisión de la Corte Suprema, tras ser acusado de violar medidas cautelares que le impedían difundir mensajes políticos a través de redes sociales, tanto propias como ajenas.
Con esta medida, Bolsonaro se convierte en el cuarto exmandatario brasileño en ser arrestado desde la restauración de la democracia en 1985 —junto con Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor y Michel Temer— y el décimo en toda la historia del país.
Acusado de incitar ataques y desobedecer restricciones
El juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso por intento de golpe de Estado contra Bolsonaro, argumentó que el exmandatario utilizó cuentas de aliados políticos, incluidos sus tres hijos parlamentarios, para difundir mensajes con incitaciones contra el Supremo Tribunal Federal y con llamados a una posible intervención extranjera en el sistema judicial brasileño.
La publicación más reciente, según De Moraes, ocurrió el pasado domingo durante movilizaciones convocadas por simpatizantes de Bolsonaro. En ellas se difundió un mensaje grabado del expresidente, en el que decía: “Buenas tardes mi Brasil. Un abrazo a todos. Es por nuestra libertad. Estamos juntos”.
Para el magistrado, ese mensaje constituye una violación directa de la orden judicial que prohibía expresamente el uso de plataformas digitales para emitir cualquier contenido político, ya sea de manera directa o indirecta.
Defensa niega violación de medidas
El equipo legal de Jair Bolsonaro respondió horas después de ejecutada la orden, alegando que su cliente no violó ninguna de las restricciones impuestas por la Corte Suprema. Argumentaron que el breve saludo leído durante las marchas no puede interpretarse como incitación ni como acto criminal.
“La defensa reafirma que no existió delito ni incumplimiento alguno de las medidas cautelares”, señaló el comunicado oficial.
Contexto judicial
Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, enfrenta un proceso en la Corte Suprema por su presunta participación en un plan para impedir la toma de posesión de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022. El caso está estrechamente vinculado con el asalto a las sedes de los poderes públicos brasileños ocurrido el 8 de enero de 2023, en hechos que evocaron el asalto al Capitolio en EE.UU.
La Policía Federal brasileña acudió el lunes a la residencia del exmandatario en Brasilia para hacer efectiva la orden de arresto y confiscar sus dispositivos móviles.
La decisión de De Moraes revive el debate en Brasil sobre el papel de las redes sociales en la polarización política, y reaviva las tensiones en torno a la figura de Bolsonaro, aún influyente entre sectores de la derecha brasileña.
Sé el primero en comentar