El presidente Daniel Noboa apunta a una nueva consulta popular el próximo 14 de diciembre, en la que los ecuatorianos deberán pronunciarse sobre siete reformas clave. Una de ellas —y posiblemente la más polémica— busca eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, medida que este 7 de agosto fue aprobada por la Asamblea Nacional con 81 votos a favor y 63 en contra.
La propuesta implica reformar los artículos 110 y 115 de la Constitución, suprimiendo el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Promoción Electoral, que desde su implementación en 2008 han representado un gasto de 264 millones de dólares para el país. Con esto, los partidos deberán financiarse exclusivamente con recursos privados y aportes de sus militantes.
Partidos y cifras
Durante el debate, el legislador Esteban Torres (ADN), ponente de la reforma, presentó un desglose de las organizaciones que más fondos han recibido en estos 15 años. En primer lugar figura el correísmo, que ha acumulado 20 millones de dólares bajo las marcas Alianza PAIS y Revolución Ciudadana. Le siguen el Partido Social Cristiano (12 millones), Sociedad Patriótica (8 millones) y otros como CREO, Pachakutik, MPD, SUMA y Avanza, con montos que oscilan entre los 2 y 6 millones.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, reveló que entre 2008 y 2023 el Fondo Partidario Permanente sumó 81,8 millones de dólares, sin contar los fondos impugnados de 2024, aún pendientes de asignación.
Críticas y posturas
Para Héctor Tapia, experto en Derecho Electoral, esta reforma no solo plantea un cambio financiero, sino que expone una inconstitucionalidad en el reparto actual de fondos, que no se realiza de manera equitativa como exige la Constitución. Además, denunció que solo una de las 20 organizaciones analizadas contaba con una escuela de formación política, como exige la ley.
Por su parte, la eliminación del Fondo de Promoción Electoral, destinado a cubrir propaganda en medios durante las campañas, representa un recorte adicional de 182 millones de dólares, según Torres. Solo entre 2017 y 2025, este rubro costó al Estado 109 millones.
«¿Ha mejorado la calidad de nuestra democracia con este gasto?», cuestionó Torres durante su intervención.
Temores por exclusión
Sin embargo, no todos celebran la medida. Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, advirtió que esta reforma podría significar un retroceso democrático, ya que excluiría de la contienda a quienes no cuenten con respaldo económico. “Participarán solo quienes tienen dinero, y actualmente lo tienen las mafias”, sentenció.
En la misma línea, Geovanni Atarihuana, dirigente del movimiento Unidad Popular, criticó que la reforma favorece a los “partidos de banqueros y grandes empresarios”, dejando en desventaja a las organizaciones populares sin acceso a grandes chequeras.
Con esta aprobación legislativa, la pregunta sobre el financiamiento público a los partidos se une a la ya aprobada sobre el retorno de bases militares extranjeras. Ambas serán parte de la consulta popular que, si supera todos los filtros, será convocada para el 14 de diciembre de 2025. El país, una vez más, se encamina hacia una nueva jornada electoral con profundas implicaciones para su sistema democrático.
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