El presidente de la República, Daniel Noboa, ha anunciado su intención de incluir en su propuesta de consulta popular una pregunta clave: ¿Debe eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)? Esta iniciativa busca transferir sus atribuciones a entidades como la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.
Con esta propuesta, Noboa reactiva un debate que ha estado latente durante años en la política ecuatoriana y que ya ha tenido dos intentos fallidos de modificación constitucional. En el fondo del debate subyace una crítica estructural: ¿es el Cpccs una herramienta de participación ciudadana o un botín político al servicio de intereses partidistas?
Lo que está en juego
De acuerdo con la Constitución vigente, el Cpccs cumple tres funciones principales:
- Fomentar la participación ciudadana,
- Promover el control social,
- Designar autoridades de control como el fiscal general, contralor, superintendentes, entre otros.
La propuesta de Noboa apunta a eliminar completamente la institución y redistribuir estas funciones a otras entidades del Estado, una movida que muchos consideran política, pero que también responde al creciente desgaste de imagen que enfrenta el Consejo.
Dos intentos fallidos
El primer intento por reformar al Cpccs ocurrió en 2021, cuando el Comité por la Institucionalización Democrática logró llevar la propuesta a la Asamblea Nacional. Sin embargo, no alcanzó los 91 votos necesarios: apenas 53 asambleístas apoyaron la iniciativa. Incluso facciones históricamente divididas, como el correísmo y el morenismo, se unieron para frenar la propuesta.
En 2023, el expresidente Guillermo Lasso intentó eliminar sus facultades a través de una consulta popular. La ciudadanía rechazó la propuesta en las urnas, en medio de una campaña electoral que debilitó aún más su administración. En esa ocasión, también se votó sobre cambiar la forma de elección de los consejeros del Cpccs, que actualmente se realiza por voto popular. El «No» triunfó en ambas preguntas.
¿Botín político o herramienta ciudadana?
Críticas al Cpccs no han escaseado. Desde organizaciones como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se sostiene que el Consejo ha perdido toda legitimidad. Mauricio Alarcón, director de la fundación, fue tajante: “No ha cumplido con ninguna de sus funciones. Solo ha sido un parásito de los recursos públicos, sin capacidad siquiera de nombrar a un nuevo fiscal”.
Alarcón, sin embargo, advierte que la consulta popular no es el camino jurídico correcto para eliminar al Cpccs. Según su interpretación, sería necesario impulsar una reforma constitucional a través de la Asamblea Nacional.
¿Reformar en lugar de eliminar?
Desde una perspectiva diferente, el expresidente del Cpccs, Hernán Ulloa, considera que eliminar el Consejo sería un error. “El problema no es la institución, sino la ley que la regula”, afirma. Ulloa cuestiona el actual sistema de comisiones ciudadanas para la designación de autoridades, al que considera ineficaz, y advierte que trasladar estas competencias a la Asamblea sería aún más riesgoso. “La politización sería total”.
Para Ulloa, la función de promoción de la participación ciudadana y del control social debe preservarse. Sostiene que el Cpccs ha tenido aciertos en la conformación de veedurías y observatorios ciudadanos, aunque admite que el sistema necesita reformas estructurales.
Un control social sin resultados
Pero para Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, la existencia del Cpccs en el ámbito del control social no ha aportado resultados concretos. “La calificación sería nula. No ha fiscalizado a nadie, y sus consejeros incluso han estado vinculados a actos de corrupción”, subraya Rodas.
Además, Rodas rechaza la idea de transferir el control social a otra institución del Estado. “La contraloría social no debe estatizarse”, insiste.
Una decisión en manos del pueblo
La consulta popular propuesta por Daniel Noboa reabre un debate de fondo sobre la institucionalidad democrática en Ecuador. ¿Es el Cpccs una figura indispensable para garantizar la participación ciudadana o un mecanismo inoperante que ha sido utilizado por las élites políticas? La respuesta, si avanza el plan del Gobierno, estará nuevamente en manos del electorado.
Mientras tanto, analistas y ciudadanos siguen divididos entre quienes apuestan por una reforma integral y quienes consideran que ha llegado la hora de cerrar definitivamente un capítulo institucional que, para muchos, ha quedado en deuda con el país.
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