A casi 16 meses del rechazo ciudadano a la contratación por horas en la consulta popular de 2024 —donde el 70 % de los votantes se pronunció en contra—, el presidente Daniel Noboa vuelve a poner sobre la mesa una reforma laboral que apunta a este tipo de contratación, aunque con un matiz: se aplicaría únicamente al sector turístico.
La propuesta será incluida como la quinta de siete preguntas en una nueva consulta popular prevista para finales de 2025. Según el Ejecutivo, esta medida busca generar empleo formal y responder a la alta demanda de mano de obra que exige el turismo, uno de los sectores más dinámicos de la economía ecuatoriana.
Contrato limitado y con condiciones
El contrato por horas, en esta versión, estaría restringido exclusivamente a quienes inicien su primera relación laboral. Además, se exigirá a los empleadores que cumplan con las obligaciones básicas: afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pago de décimos y vacaciones.
La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, aseguró que esta medida no busca precarizar el empleo, sino abrir nuevas oportunidades laborales reguladas. “Esta modalidad podría generar más de 30 mil empleos en el sector turístico”, afirmó.
Núñez insistió en que, a diferencia de la consulta de 2024, esta vez se enfocarán en una mejor estrategia de comunicación para que la ciudadanía comprenda los alcances y beneficios de la reforma. “Creo que el país ha entendido que es necesario permitir que quienes no tienen una oportunidad laboral puedan acceder a su primer empleo por horas”, subrayó.
Críticas y dudas
Pese a los argumentos oficiales, el anuncio ha generado fuertes reacciones. José Villavicencio, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), calificó la propuesta como “una burla” al pueblo ecuatoriano.
“El Gobierno pretende vender esta idea como algo sectorial, pero sabemos que es solo el inicio para extenderla a otros ámbitos. Lo que buscan es legalizar la precarización del trabajo”, expresó.
Desde el ámbito académico, la abogada laboralista Vanesa Velásquez considera que, si bien la reforma tiene potencial, el verdadero reto está en su implementación y fiscalización. “El trabajo por horas no es un problema en sí; el problema es la falta de control. Si se aprueba, deben aplicarse sanciones estrictas para evitar abusos, como ocurrió con la tercerización”, advirtió.
Contexto laboral y cifras preocupantes
Según un informe reciente de la Universidad Central del Ecuador, la informalidad laboral en el país afecta al 56 % de la población económicamente activa. Durante la pandemia, esa cifra llegó incluso al 65,3 %. El desempleo, por su parte, se sitúa en 3,8 %, con los jóvenes como el grupo más golpeado.
El economista Santiago García, autor del estudio, sostiene que la flexibilidad laboral puede ser una alternativa viable para este segmento de la población, siempre que esté regulada y se garantice una remuneración justa.
“La contratación por horas es una herramienta útil en muchos países, pero en Ecuador debe estar sujeta a vigilancia estricta para que no se repitan los errores del pasado”, advirtió García.
¿Una segunda oportunidad?
Con una nueva consulta popular en el horizonte, el Gobierno de Noboa apuesta por corregir los errores del intento anterior, especialmente en la forma de comunicar su propuesta. Mientras tanto, el debate sobre la viabilidad y el impacto de esta reforma vuelve a abrir una discusión central: ¿cómo generar empleo sin sacrificar derechos laborales?
La respuesta la darán, nuevamente, los ciudadanos en las urnas.
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