La confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional (CC) alcanzó un nuevo punto crítico este martes, cuando el presidente Daniel Noboa encabezó una polémica marcha contra el alto tribunal. La movilización, que inició con 40 minutos de retraso a las 11:40, tuvo como punto culminante la llegada del mandatario a los exteriores de la sede de la Corte, donde pronunció un breve pero contundente discurso de menos de dos minutos, acusando a los jueces de frenar el cambio que, según dijo, el país exige.
Durante el recorrido —de poco más de diez cuadras— se colocaron cinco vallas gigantes con los rostros de los nueve magistrados, acompañados de la frase: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”. Este acto ha sido duramente criticado por organismos de derechos humanos, juristas y analistas políticos, que lo califican como un ataque a la independencia judicial y una exposición peligrosa.
Noboa y Reimberg arremeten contra los magistrados
“El Ecuador está cambiando, no vamos a permitir que se nos pare. No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad”, declaró Noboa frente a decenas de simpatizantes y funcionarios públicos.
El ministro del Interior, John Reimberg, fue aún más directo. Acusó a los jueces de actuar desde “un búnker” y de haber despojado al país de sus leyes de seguridad. “Le han quitado a los ecuatorianos el derecho de defenderse frente a los delincuentes. Ellos están del lado del crimen”, sentenció el funcionario.
La Corte responde: “Esto pone en riesgo nuestra seguridad”
Horas más tarde, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la exposición pública de los rostros de sus jueces, calificándola como un acto de estigmatización que compromete su seguridad personal y pone en entredicho la independencia del organismo.
“El uso de imágenes personales en un contexto de confrontación política no solo nos expone, sino que socava la institucionalidad democrática”, expresó el pleno de la Corte.
Críticas desde la sociedad civil y la comunidad internacional
El politólogo Alfredo Espinosa advirtió que estas acciones del Ejecutivo no deben interpretarse como un ejercicio de transparencia o defensa ciudadana. “El Gobierno está fabricando enemigos y creando un chivo expiatorio para justificar los problemas del país”, aseguró. “Esto no es un llamado a la paz, sino una incitación al odio”, añadió.
Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. La Organización de Naciones Unidas (ONU) calificó los ataques como “inaceptables” y alertó sobre la vulnerabilidad a la que ahora se exponen los jueces.
Human Rights Watch, por medio de su directora para las Américas, Juanita Goebertus, también se pronunció. “Los ataques a los jueces de la Corte Constitucional en Ecuador son inaceptables y atentan contra la independencia judicial y el Estado de derecho. Rechazamos las declaraciones estigmatizantes del Gobierno de Daniel Noboa y llamamos a no poner en riesgo la labor de la Corte”, sostuvo.
Llamados a la mesura
Desde el ámbito nacional, José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, expresó su “profunda preocupación” por los hechos, indicando que este tipo de confrontaciones afectan la estabilidad institucional del país. Aunque reconoció que en democracia es natural el disenso entre poderes, hizo un llamado a canalizar las diferencias a través de los mecanismos constitucionales.
La movilización encabezada por el Ejecutivo, aunque respaldada por sus bases, abre un nuevo capítulo de tensiones entre el Gobierno y los organismos de control, en un contexto ya marcado por la inseguridad, la polarización política y un complejo panorama social.
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