El Ministerio del Trabajo contará con tiempo hasta el 29 de agosto de 2025 para emitir la norma técnica que regirá las evaluaciones de desempeño para los funcionarios públicos. Técnicos de la Secretaría de la Administración Pública y del Ministerio ya han sostenido mesas de trabajo para definir los detalles, aunque aún no se han concretado todos los aspectos del nuevo proceso.
Esta normativa surge como parte de la implementación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que modificó la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). A partir de ahora, las evaluaciones del desempeño pasarán a ser semestrales, en lugar de anuales como se venía haciendo en los últimos años.
Este cambio se da en un contexto marcado por los reclamos de funcionarios públicos desvinculados en las últimas semanas. Según el Ministerio de Trabajo, hasta el momento se ha confirmado la salida de 1.167 servidores de más de 50 entidades públicas. Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, precisó que esta cifra corresponde a la eliminación de puestos por la supresión de nombramientos definitivos, una medida que forma parte del plan de eficiencia impulsado por el gobierno de Daniel Noboa.
La ministra defendió la supresión de cargos, señalando que se ajusta a lo establecido en el artículo 47 de la Losep, que contempla varias causales de cesación definitiva, entre ellas la renuncia voluntaria, incapacidad absoluta o permanente, supresión del puesto, o pérdida de derechos de ciudadanía. También se incluyen otros motivos como la remoción de servidores de libre nombramiento y aquellos de período fijo, por cesación del nombramiento provisional o por no cumplir con los requisitos del cargo.
Por su parte, el artículo 60 de la Losep establece que la supresión de puestos deberá realizarse por razones técnicas, funcionales y económicas, y contará con la intervención de los ministerios del Trabajo y de Finanzas, así como de la institución afectada, en el caso de entidades del Gobierno central.
Sin embargo, la medida ha sido cuestionada por varios sectores, incluido Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), quien ha expresado sus dudas sobre algunos de los mecanismos de la reforma y espera que se realicen ajustes.
Un aspecto controvertido de las evaluaciones es la calificación que se aplica a toda la institución en función de la opinión de los ciudadanos, en lugar de hacerlo solo por área o unidad específica. Hurtado señala que esto afectaba a todo el personal, incluso si solo una pequeña parte del equipo recibía calificaciones bajas.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, ha definido seis parámetros para la evaluación: cumplimiento de metas, calidad del trabajo, conducta institucional, eficiencia, responsabilidad y aporte al mejoramiento institucional.
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