El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció este lunes lo que considera un “intento de asesinato” contra su exdirigente y figura nacional, Leonidas Iza Salazar. Según el pronunciamiento oficial difundido la noche del 18 de agosto a través de redes sociales, el hecho habría ocurrido en la comunidad de San Ignacio, Cotopaxi, y los responsables serían presuntos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En su comunicado, el MICC aseguró que miembros de la Dirección General de Inteligencia “irrumpieron en territorio comunitario, sembrando terror y atentando contra la vida” del excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La organización, presidida actualmente por Rafael Negrete, responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa y a su administración “por cualquier atentado a la vida e integridad de Leonidas Iza”. Asimismo, se declaró en asamblea permanente hasta que se esclarezca el hecho y se identifique a los responsables.
“Convocamos a nuestra militancia, a las estructuras provinciales, regionales y nacionales, a los pueblos y nacionalidades del Ecuador y a la comunidad internacional a levantar una alerta roja frente al autoritarismo y al terrorismo de Estado que se pretende instalar en el país”, expresa con contundencia el documento del MICC.
Hasta el momento, ni Leonidas Iza ni la actual dirigencia de la Conaie, presidida por Marlon Vargas Santi, se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia. Tampoco existe, hasta el cierre de esta edición, un comunicado del Gobierno nacional en respuesta a la acusación.
Iza, uno de los líderes indígenas más visibles en la política ecuatoriana reciente, dejó la presidencia de la Conaie en julio de este año, luego de cuatro años al frente de la organización. Actualmente enfrenta procesos judiciales impulsados por la Fiscalía General del Estado por su participación en las movilizaciones de octubre de 2019 y junio de 2022, en rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles y otras políticas económicas.
La denuncia del MICC eleva la tensión política en un momento delicado para el país, donde persisten reclamos sociales y cuestionamientos al manejo de la seguridad y los derechos colectivos por parte del Ejecutivo.
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