El miércoles 20 de agosto, el magistrado Alexandre de Moraes, miembro de la Corte Suprema de Brasil, otorgó un plazo de 48 horas a la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para que explique “el incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga”. Esta decisión surge en el marco del proceso penal que enfrenta Bolsonaro por su supuesto intento de dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El requerimiento de De Moraes se produce después de que la Policía Federal descubriera un “documento de 33 páginas” en uno de los celulares confiscados al expresidente, en el cual Bolsonaro solicita asilo político al presidente argentino Javier Milei. El texto, sin firma ni fecha, fue encontrado en el dispositivo de Bolsonaro desde 2024, cuando comenzaron las primeras investigaciones por el caso de golpismo.
En la carta dirigida a Milei, Bolsonaro argumenta que es “perseguido por motivos y por delitos esencialmente políticos” en Brasil y que ha sido objeto de medidas cautelares desde entonces. Las autoridades brasileñas sostienen que el hallazgo de este documento sugiere que el expresidente, quien actualmente se encuentra en prisión domiciliaria, podría haber planeado evadir el país hacia Argentina, especialmente después del inicio de las investigaciones en su contra.
Además, De Moraes señaló en su decisión que la Policía Federal también detectó en el celular de Bolsonaro un “reiterado incumplimiento” de la medida cautelar que le prohíbe el uso de redes sociales. Estos hechos están relacionados con una investigación que involucra tanto a Bolsonaro como a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por presuntamente “coaccionar” al Supremo Tribunal Federal en el marco del juicio por el intento de golpe de Estado, con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos.
La Policía Federal acusa a ambos de intentar obstruir el proceso judicial, lo que podría constituir delitos de “coacción” y “tentativa de abolición del Estado democrático de derecho”. En este contexto, el juicio contra Bolsonaro, que comenzará el 2 de septiembre, podría acarrear una condena de hasta 40 años de prisión. Este proceso ha sido uno de los motivos que llevó al presidente de EE. UU., Donald Trump, a imponer un arancel adicional del 50 % a las importaciones brasileñas, además de sancionar a varios jueces del Supremo Tribunal Federal.
Rechazo a la Sugerencia de Asilo
En declaraciones a Folha de São Paulo, la defensa de Bolsonaro negó que el expresidente haya considerado la opción de huir a Argentina. Según su abogado, Bolsonaro fue sugerido para solicitar asilo en Argentina “hace más de un año y medio” pero rechazó la idea, afirmando que “huir nunca fue una opción” y que siempre estuvo dispuesto a enfrentar el proceso judicial en Brasil.
A pesar de estas declaraciones, que aún no constan en el expediente oficial, la Corte Suprema espera recibir las explicaciones de la defensa en las próximas 48 horas para determinar si Bolsonaro ha incumplido las medidas cautelares, tal como señala el último informe de la Policía Federal.
Sé el primero en comentar