El presidente Daniel Noboa ha presentado un total de siete preguntas para una consulta popular prevista para el 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, de estas, solo una está completamente lista para ser sometida a votación: la que trata sobre el retorno de las bases militares al país.
De las seis preguntas restantes, una ya ha sido aprobada por la Asamblea Nacional y se encuentra a la espera del segundo y definitivo dictamen de la Corte Constitucional (CC) para poder ser incluida en el referéndum. Esta consulta se refiere al retiro del financiamiento estatal a las organizaciones políticas.
Por otro lado, la Corte Constitucional ha aprobado en su primer filtro otras dos preguntas, las cuales podrían pasar a la consulta popular si reciben el visto bueno final. Estas preguntas son las que permiten la contratación por horas en el sector turístico y la reducción del número de asambleístas. No obstante, aún deben superar un análisis de constitucionalidad por parte de la Corte, que tiene un plazo de 20 días para pronunciarse. Si no lo hace, las preguntas quedarán automáticamente habilitadas para el referéndum.
Preguntas Rechazadas
Tres de las propuestas de Noboa fueron rechazadas por la Corte Constitucional, que determinó que no proceden para ser sometidas a consulta popular. Estas incluyen la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el juicio político a los jueces constitucionales, y el retorno de los casinos y juegos de azar.
En el caso del Cpccs, la Corte sostuvo que su eliminación afectaría la estructura fundamental del Estado, ya que implicaría desmantelar una función completa dedicada a la Transparencia. Para llevar a cabo esta modificación, el presidente deberá recurrir a una reforma parcial de la Constitución, lo que requeriría la aprobación de la Asamblea Nacional.
Por su parte, la propuesta de juicio político a los jueces constitucionales fue rechazada debido a que afecta la independencia judicial y altera el equilibrio de poderes del Estado. La Corte argumentó que esta consulta atenta contra la esencia de un Estado constitucional de derecho.
En cuanto a la pregunta sobre el retorno de los casinos, la Corte la consideró mal formulada, ya que no era clara ni precisa. Además, se detectó que intentaba hacer tres consultas en una: la reapertura de los casinos, la imposición de un tributo del 25% sobre ellos, y la asignación de los recursos recaudados a programas contra la desnutrición.
Repercusiones y Posibilidades de Modificación
El constitucionalista Ismael Quintana señaló que, aunque las tres preguntas rechazadas por la Corte no podrán ser sometidas a consulta tal como fueron planteadas, el presidente podría presentarlas nuevamente, pero con ajustes. Para el caso del Cpccs y el juicio político a los jueces, estas deberían ser planteadas como reformas parciales a la Constitución, lo que requeriría un proceso legislativo más complejo.
Respecto a los casinos, la Corte sugirió que la pregunta se reformule para presentar tres consultas separadas y explicadas de manera más clara. Esto permitiría una votación más libre y adecuada por parte de los ciudadanos. Sin embargo, Quintana considera que la probabilidad de que la Corte apruebe esta consulta sigue siendo baja, debido al «sesgo ideológico» en contra de la reapertura de los casinos.
En cuanto a la pregunta sobre el juicio político a los jueces, Quintana considera que, dado que afecta directamente a la Corte, es poco probable que esta acepte someterse a un proceso de enjuiciamiento.
Finalmente, sobre el Cpccs, el constitucionalista cree que existe una posibilidad más viable de que la Corte acepte una propuesta modificada, como la que sugirió el expresidente Guillermo Lasso, que sería la eliminación de la función de nombramiento de autoridades, pero sin eliminar la institución en su totalidad.
En resumen, aunque algunas preguntas avanzan en el proceso, la Corte Constitucional ha rechazado otras claves para la consulta popular, dejando en suspenso la posibilidad de su reforma y presentación en un futuro.
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