La presión sobre el Gobierno se intensifica. Mientras miles de pacientes claman por medicamentos y tratamientos interrumpidos, y proveedores denuncian la paralización de pagos, los alcaldes del país se han sumado a la creciente ola de reclamos. El 8 de septiembre, cerca de 50 burgomaestres se movilizaron hasta Quito para exigir el pago de una deuda estatal que supera los 643 millones de dólares, correspondientes a atrasos en asignaciones presupuestarias a los municipios.
“No tener las asignaciones a tiempo, por hasta cinco meses, nos está llevando al límite y a pensar incluso en cerrar algunas instituciones que garantizan derechos y servicios. Estamos al borde del colapso”, advirtió Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).
Municipios en crisis: obras paralizadas y sueldos impagos
Según Maldonado, la deuda se desglosa en 543 millones por el Modelo de Equidad Territorial, 10,6 millones por Patrimonio, 8,6 millones por devolución del IVA, y 4 millones por la Ley 047, que contempla asignaciones por ventas de energía.
Esta situación ha provocado la suspensión de obras públicas, acumulación de deudas con proveedores, e incluso atrasos en el pago de salarios municipales. En respuesta, los alcaldes no descartan realizar movilizaciones masivas, demandas ante la Corte Constitucional y otras acciones de hecho.
“Si el presidente organiza marchas, nosotros también tenemos derecho a salir a las calles. Nuestra lucha es legítima”, enfatizó Maldonado.
Ministerio de Finanzas admite atrasos
Durante una comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Gary Coronel, subsecretario de Finanzas, confirmó que, aunque en el primer semestre de 2025 se transfirieron 3.590 millones de dólares a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), aún existe un atraso acumulado que supera los 1.700 millones de dólares.
Diálogo bloqueado y sospechas de injerencia política
Maldonado denunció que los intentos de diálogo con la ministra de Economía, Sariha Moya, se rompieron por supuestas interferencias políticas. Según afirmó, el Gobierno estaría dialogando exclusivamente con Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, quien aspiraría a la presidencia de la AME con respaldo del oficialismo, en las elecciones previstas para el 20 de octubre.
“Se han cerrado las puertas del diálogo. Esto no solo genera zozobra en los municipios, sino que demuestra un uso político de los recursos públicos”, advirtió Maldonado.
Como ejemplo, señaló que mientras a los municipios se les adeuda cientos de millones, el Gobierno desembolsó recientemente 527 millones de dólares a las prefecturas como parte de una deuda histórica. Este organismo, el Congope, es presidido por Clemente Bravo, prefecto afín al régimen.
Pacientes también protestan: tratamientos en riesgo
La crisis financiera no solo afecta a los municipios. Ese mismo 8 de septiembre, dos organizaciones de pacientes protestaron en la Plaza Grande, frente a la Presidencia de la República. Entre ellos, familiares de niños con distrofia muscular de Duchenne denunciaron que llevan más de 10 meses sin recibir medicación vital, debido a la inacción del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Asimismo, más de 19 mil pacientes renales se encuentran en riesgo, ya que las clínicas de diálisis han comenzado a suspender tratamientos por la falta de pagos del Gobierno. “Nos están dejando morir”, reclamaron. Según datos oficiales, la deuda con proveedores del Estado asciende a 325 millones de dólares.
Respuesta oficial en espera
Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido un pronunciamiento formal respecto a los reclamos de los alcaldes ni de los pacientes. La cartera de Estado indicó que se informará sobre el tema “oportunamente”.
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