A solo dos días de ampliar el feriado nacional de octubre, el Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró la noche del sábado 4 de octubre un estado de excepción en diez provincias, bajo el argumento de una “grave conmoción interna” provocada por protestas sociales e indígenas.
La medida, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 174, restringe derechos fundamentales como la libertad de reunión y circulación durante 60 días, en medio de una escalada de movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Esta decisión gubernamental ha generado bloqueos, enfrentamientos, denuncias de represión y una creciente tensión en varias zonas del país.
📍 Provincias bajo estado de excepción
El decreto rige en:
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
Durante su vigencia, se limita el derecho de reunión, salvo en protestas pacíficas que no afecten a terceros. Además, se autoriza la movilización de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para mantener el orden y “proteger la integridad ciudadana”.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han advertido que la medida amplía el control militar sobre el espacio público y puede agravar el conflicto social.
🔥 Paro nacional: bloqueos y represión
Las protestas, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), continúan en distintas provincias andinas y amazónicas. Los manifestantes rechazan el fin del subsidio al diésel, argumentando que afecta gravemente a sectores rurales, encareciendo el transporte y la producción agrícola.
Los primeros días del paro han estado marcados por bloqueos viales, enfrentamientos, detenciones y denuncias de represión. Se reporta una persona fallecida, más de 80 heridos y alrededor de 100 detenidos, según datos de organizaciones de derechos humanos y autoridades locales.
📆 Un feriado en medio de la crisis
El decreto de excepción se firmó dos días después de que el Gobierno emitiera el Decreto Ejecutivo 172, que amplió el feriado por la Independencia de Guayaquil del 9 al 12 de octubre, con el argumento de “fomentar el turismo interno”.
La medida fue duramente criticada por movimientos sociales, que calificaron como contradictoria la promoción del descanso prolongado en medio de una crisis nacional con protestas activas y cierres de vías.
⚖️ Cuestionamientos legales y pronunciamiento de la Corte
La decisión de Noboa llega después de que la Corte Constitucional anulara el anterior estado de excepción, decretado en siete provincias, por falta de justificación legal y proporcionalidad. En esa ocasión, el alto tribunal solo mantuvo la medida en Carchi e Imbabura, donde se registraron los primeros focos de protesta.
La nueva declaratoria, con mayor alcance territorial, ha generado preocupación entre expertos constitucionalistas, que advierten sobre un uso reiterado y cuestionable de mecanismos de excepción para frenar la protesta social.
Mientras persiste la crisis, se espera que los próximos días sean decisivos para el rumbo del conflicto. El Gobierno enfrenta el desafío de mantener el orden sin vulnerar derechos fundamentales, mientras diversos sectores sociales insisten en diálogo real y medidas económicas justas.
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