Tras semanas de tensión por el paro nacional encabezado por organizaciones indígenas, el Gobierno del presidente Daniel Noboa cerró de manera definitiva las puertas al diálogo con el movimiento indígena y anunció el despliegue de policías y militares a la provincia de Imbabura. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, luego de una reunión de alto nivel llevada a cabo el 20 de octubre en el Palacio de Carondelet.
«Ellos rompieron el diálogo»
“El Gobierno cumplió, ellos no cumplieron. Se cierra el diálogo. A partir de ahora, cualquier cosa que ocurra será responsabilidad de ellos”, sentenció Reimberg en una declaración tajante ante medios oficiales.
Según el ministro, fue el propio sector indígena el que solicitó iniciar conversaciones tras la incursión de la fuerza pública, ocurrida el pasado 14 de octubre en Imbabura. Sin embargo, sostiene que las organizaciones no respetaron los acuerdos alcanzados durante la mesa instalada el 15 de octubre, en la que se anunció el cese de las movilizaciones. Poco después, las bases desconocieron a sus propios representantes, lo que el Gobierno interpretó como una ruptura unilateral del proceso.
“El objetivo era abrir las vías y garantizar la paz. Nos mantuvimos en esa línea. Accedimos a una tregua y un diálogo. Pero ellos traicionaron su palabra”, reiteró Reimberg.
Cambios de interlocutores tensan el proceso
Uno de los factores que precipitó el colapso del diálogo fue el cambio de representantes indígenas a última hora. Así lo confirmó Harold Burbano, ministro de Desarrollo Humano, quien lamentó que el Gobierno haya sido sorprendido por un giro en los actores convocados.
En las negociaciones previas, los voceros designados por el movimiento indígena fueron Mesías Flores, presidente de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI), y Martha Tuquerres, de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (Unorcac). Sin embargo, el Ejecutivo denunció que estas figuras fueron desconocidas por sectores vinculados a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Leonidas Iza.
“Nos cambian los actores. No vamos a meternos en disputas internas. Respetamos su autogobierno, pero no aceptaremos nuevas condiciones ni interlocutores impuestos a última hora”, sostuvo Burbano, al referirse al intento de incluir a Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, como nueva negociadora.
Además, la FICI emitió un comunicado en el que exige que las mesas de diálogo incluyan a los presidentes de la Conaie, la Ecuarunari y la Fenocin, lo que generó una ruptura en el mecanismo previamente acordado con el Gobierno.
Acusaciones cruzadas por incumplimientos
Tanto el Gobierno como el movimiento indígena se acusan mutuamente de haber incumplido los acuerdos pactados. Según Reimberg, el primer punto del diálogo era la apertura de vías bloqueadas, especialmente en la provincia de Imbabura, lo cual no se cumplió. Por ello, aseguró que se desplegarán operativos con fuerza pública para garantizar la movilidad y el orden.
“No se sentaron a cumplir el punto uno del acuerdo. Entonces, no hay razones para continuar”, reiteró.
Del otro lado, la Conaie denunció una serie de represalias por parte del Ejecutivo, incluyendo el cierre de tres medios comunitarios, el congelamiento de cuentas bancarias a dirigentes, y la detención de 12 personas en Otavalo, acusadas de incendiar el comando policial local. Además, sostienen que el Gobierno ha mantenido una actitud represiva y no ha dado muestras de voluntad real para alcanzar una solución política.
Un conflicto sin resolución a la vista
Con la ruptura del diálogo, el paro nacional, que ya supera los 30 días, entra en una nueva fase de incertidumbre y tensión. Mientras el Gobierno apuesta por una estrategia de control con fuerza pública en las provincias del norte, el movimiento indígena asegura que continuará su resistencia y evalúa nuevas medidas de presión.
El escenario se complica con las divisiones internas dentro del movimiento indígena, que hoy muestra fisuras en su dirigencia y una falta de consenso que ha debilitado su postura frente al Ejecutivo.
En tanto, la ciudadanía observa con creciente preocupación el estancamiento de las negociaciones y la posibilidad de una escalada del conflicto. Las próximas horas serán clave para determinar si la vía del diálogo vuelve a abrirse o si, por el contrario, el país se encamina a una confrontación prolongada sin una solución clara en el horizonte.
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