El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio un nuevo paso hacia su propuesta más ambiciosa: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Durante un multitudinario acto en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el mandatario anunció que entregará al Congreso las firmas necesarias el 20 de julio de 2026, apenas unas semanas antes de dejar el poder.
“Ese día yo mismo, con el comité social, entregaré al Congreso de Colombia las firmas y la ley que debe, por obligación, ser discutida y que convoca a toda Colombia a la Asamblea Nacional Constituyente”, expresó Petro ante miles de simpatizantes reunidos en el centro de la capital.
El presidente, cuyo mandato culmina el 7 de agosto de 2026, afirmó que el proceso “no será para él, sino para el pueblo colombiano”, y subrayó que su objetivo no es modificar toda la Carta Magna, sino “aprobar las normas constitucionales que permitan los derechos y las justicias sociales”.
Una convocatoria con ambición social
Petro anunció la creación de un “comité nacional de fuerzas sociales” encargado de organizar la recolección de 2,5 millones de firmas y movilizar voluntarios en todo el país. Según el mandatario, esta iniciativa busca abrir una nueva etapa de paz y democracia, en la que el pueblo sea protagonista de las transformaciones estructurales del Estado.
“Queremos una nueva época de vida en Colombia y no de muerte; una época de paz y democracia”, afirmó el presidente en su discurso.
La propuesta contempla una asamblea de 71 delegados, conformada de manera paritaria entre hombres y mujeres, de acuerdo con el borrador del proyecto de ley difundido el jueves. La información fue confirmada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien horas después presentó su renuncia irrevocable, generando sorpresa en el gabinete.
El camino legal y los desafíos
De acuerdo con el procedimiento planteado, si el Congreso aprueba la ley que autoriza la convocatoria, al menos una tercera parte del censo electoral —unas 13 millones de personas— deberá votar a favor en el referendo para que la iniciativa sea válida.
La propuesta ha sido recibida con críticas de la oposición y alertas de constitucionalistas, quienes advierten que el proyecto podría alterar el equilibrio de poderes y vulnerar el marco institucional establecido por la Constitución de 1991.
No obstante, esta es la primera vez que Petro da un paso concreto hacia la materialización de la constituyente, tras varios anuncios previos que quedaron en el plano discursivo.
Con esta decisión, el presidente colombiano reaviva el debate sobre el rumbo político del país en el tramo final de su administración y deja abierta la posibilidad de que su legado se defina no solo por sus reformas sociales, sino por la búsqueda de un nuevo pacto constitucional para Colombia.
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