La Cárcel del Encuentro, el nuevo centro penitenciario al que el Gobierno ha trasladado desde el 10 de noviembre a más de 400 reclusos catalogados como de alta peligrosidad, aún no está terminada. Así lo reconoció el presidente Daniel Noboa, quien confirmó que el complejo carcelario registra solo un 35 % de avance en su construcción.
“La cárcel no está al 100 %, está al 35 % o 40 %. En dos semanas estará al 80 % y se finalizará el último pabellón en un mes”, aseguró el primer mandatario durante una declaración oficial.
El jefe de Estado justificó el adelantamiento del traslado de los presos por motivos de seguridad y contexto político. Según explicó, la medida se tomó ante la cercanía de la consulta popular y el referéndum convocados para el próximo domingo 16 de noviembre de 2025.
“Era urgente, viendo lo alterados que están, porque está ganando el Sí y quieren hacer relajo y quieren matar a la mayor cantidad de gente, para decir que este Gobierno fracasa”, declaró Noboa.
Traslado de reclusos peligrosos
El presidente señaló que entre los trasladados se encuentran los denominados “presos más peligrosos del país”, quienes, según sus palabras, “desde la cárcel organizaban asesinatos y actos de sicariato”. Noboa insistió en que el operativo fue necesario para recuperar el control del sistema penitenciario, que ha sido escenario de violentos motines en los últimos años.
La polémica sobre el estado real de la obra surgió cuando el propio Gobierno difundió una fotografía del traslado del exvicepresidente Jorge Glas, en la que se observaba a trabajadores de la construcción aún realizando labores dentro del recinto. La imagen generó cuestionamientos sobre la seguridad y las condiciones de habitabilidad del nuevo penal.
Nueva cárcel y rehabilitación de centros existentes
En el mismo pronunciamiento, Noboa anunció que en los próximos meses se construirá una nueva prisión de mediana seguridad, ubicada cerca de la Cárcel del Encuentro, con capacidad para 15.000 internos. Esta obra, afirmó, busca aliviar el hacinamiento carcelario, que actualmente supera los 7.000 detenidos por encima de la capacidad total del sistema penitenciario nacional.
Asimismo, el Gobierno planea intervenir en las cárceles que siguen en operación, entre ellas La Roca, en Guayaquil, que fue vaciada recientemente para iniciar trabajos de remodelación y reforzamiento estructural.
Con estas acciones, el Ejecutivo aspira a consolidar un nuevo modelo penitenciario enfocado en la seguridad y el control estatal, aunque los cuestionamientos sobre la celeridad y las condiciones del traslado mantienen el debate abierto entre expertos en derechos humanos y seguridad.
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