En medio de la polémica generada por una inhabilidad que le impedía ejercer funciones públicas, Álvaro Rosero —nombrado ministro de Gobierno por el presidente Daniel Noboa— presentó su renuncia antes de asumir oficialmente el cargo.
“Por el mismo sentido de compromiso y respeto con el que acepté su invitación, hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir”, expresó el radiodifusor en un comunicado difundido tras hacerse pública su decisión.
La designación de Rosero se conoció el 18 de noviembre de 2025 a través de un comunicado emitido por la Presidencia de la República. Sin embargo, el nombramiento nunca llegó a formalizarse, pues el jefe de Estado no expidió el correspondiente decreto ejecutivo que lo convertiría en ministro de Gobierno. Rosero, propietario de varios medios de comunicación, agradeció la confianza, pero sostuvo que su perfil “despertó temores en un momento en el que el país necesita serenidad, no pánico fabricado”.
Apenas se conoció su nombre, salió a la luz que mantenía una inhabilidad en el Ministerio del Trabajo por una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo que le impedía ocupar un cargo público. El impedimento fue levantado un día después, el 19 de noviembre de 2025.
La situación escaló cuando Christian Marín, exdirector regional del Trabajo y Servicio Público de Quito, acusó al ministro del Trabajo, Harold Burbano, de haberlo presionado para modificar la prohibición que pesaba sobre Rosero.
Frente a las acusaciones, Rosero anunció que responderá públicamente. “Mañana, a las 09:00, con la frente en alto y la solvencia de siempre, responderé a tanta calumnia. En Exa FM”, señaló.
La renuncia pone fin a un nombramiento que nunca se concretó, pero deja abiertas interrogantes sobre el manejo administrativo del caso y las presuntas presiones internas que rodearon el proceso.
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