A un año de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en territorio venezolano, el Gobierno de Javier Milei elevó su acusación al máximo nivel diplomático: asegura que el caso constituye “una desaparición forzada” y “una flagrante violación del derecho internacional”. Mientras tanto, María Alexandra Gómez —pareja del uniformado— sostiene que “su único delito fue ser argentino”.
En un comunicado conjunto, los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Seguridad afirmaron que Gallo “permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales y sin acceso a sus familiares”, calificando su situación como una “detención arbitraria e injustificada” ejecutada por las autoridades de Venezuela.
El gendarme fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzó un paso fronterizo desde Colombia hacia Venezuela. Tanto su familia como las autoridades argentinas aseguran que el viaje tenía como único propósito visitar a su pareja y a su hijo. Sin embargo, el Gobierno venezolano lo vinculó a un supuesto complot para atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, afirmando incluso que la administración de Milei estaba “directamente involucrada” en la trama. Buenos Aires ha rechazado estas acusaciones categóricamente.
“Nahuel quiso visitar a su familia; su único crimen fue ser argentino”, declaró Gómez a la agencia EFE. La mujer, quien abandonó Venezuela en mayo junto a su hijo de 3 años mediante una operación coordinada por el Ministerio de Seguridad argentino, pidió que “toda la sociedad argentina” y la dirigencia política “se unan en este grito de libertad”.
Reclamos internacionales y denuncias por violación de derechos humanos
Argentina ha llevado el caso a múltiples foros internacionales. Entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitó medidas cautelares urgentes; la Corte Penal Internacional (CPI); y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Gobierno sostiene que Gallo no solo está detenido, sino “desaparecido”, sin posibilidad de defensa ni contacto con su entorno.
“Nahuel no está preso, Nahuel está en desaparición forzada”, afirmó la activista venezolana Elisa Trotta, radicada en Argentina. “Hace 365 días que no tiene asistencia consular, ni abogados, ni siquiera un contacto telefónico con su familia”.
“Esto no puede quedar impune”
A un año del hecho, Gómez insiste en la liberación inmediata de Gallo y de “los más de mil presos políticos que mantiene como rehenes la dictadura de Maduro”. Trotta, por su parte, asegura tener la convicción de que el gendarme volverá a casa: “Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Esto no puede quedar impune”.
El caso continúa tensando la relación bilateral entre Argentina y Venezuela, mientras la familia del gendarme mantiene la esperanza de que las gestiones diplomáticas logren finalmente su liberación.
Sé el primero en comentar