El Gobierno del presidente Daniel Noboa no abandona su intención de modificar la Constitución. Tras el No que la ciudadanía expresó en las urnas a la propuesta de redactar una nueva Carta Magna, el Ejecutivo ha decidido abrir un nuevo camino: promover enmiendas constitucionales a través de la Asamblea Nacional.
Según informó el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Andrés Castillo, la estrategia consiste en que cada legislador oficialista presente su propia propuesta de enmienda, todas enfocadas en un mismo eje: la seguridad. Castillo advirtió que, aunque el trámite será ágil, el proceso legislativo exige tiempos obligatorios.
“Uno de los principales candados de la Constitución es el tiempo entre los debates; podemos debatir mañana la propuesta, pero el segundo debate se debe realizar un año después”, recordó.
El proceso y los votos necesarios
De acuerdo con el artículo 441 de la Constitución, las enmiendas requieren dos debates, con al menos un año de separación entre ellos. Para su aprobación se necesitan 101 votos, lo que obliga a ADN a buscar el respaldo de otras bancadas, incluido el correísmo.
Primera enmienda: retirar a los presos del grupo de atención prioritaria
Este 8 de diciembre de 2025 se hizo pública la primera propuesta, liderada por la asambleísta Lucía Pozo. Su planteamiento busca eliminar a las personas privadas de libertad del listado de grupos de atención prioritaria, actualmente establecido en el artículo 35 de la Constitución.
La modificación propuesta retira a los detenidos de esta categoría y traslada sus derechos –relacionados con la dignidad humana– al artículo 78, dentro del capítulo de derechos de protección.
“Buscamos reorganizar la Constitución; estos errores han distorsionado la justicia”, aseguró Pozo.
¿Qué cambia con esta propuesta?
Castillo sostiene que la actual categorización ha permitido que detenidos accedan a beneficios judiciales que, a su criterio, corresponden a personas que realmente requieren trato especial. “Los abogados argumentan este punto en sus escritos; queremos corregir esto para que el juzgamiento sea sobre los actos”, señaló.
Pero no todos coinciden. El jurista Paúl Córdova calificó de incorrecto el análisis de ADN y explicó que la pertenencia a grupos prioritarios no influye en decisiones judiciales como habeas corpus o medidas sustitutivas.
“Eso depende del análisis del juez y del proceso investigativo, no de si son parte o no de grupos prioritarios”, afirmó. Agregó que esta categoría solo garantiza condiciones mínimas dentro de la cárcel, ya que su derecho a la libertad ha sido restringido.
Un intento previo ya fue rechazado por la Corte Constitucional
La propuesta de Pozo tiene antecedentes. El 6 de noviembre de 2024, el presidente Noboa presentó una iniciativa similar ante la Corte Constitucional, y esta fue rechazada por considerar que el mecanismo utilizado no era el adecuado y que la modificación implicaba restricción de derechos, debilitando garantías reconocidas a las personas privadas de libertad.
Pozo asegura que su proyecto es “totalmente diferente” al del Ejecutivo, pues ahora se trata de una enmienda —no una reforma— y cuenta, según dice, con sustento técnico y económico, al incluir un análisis del impacto que las fallas del sistema de justicia generan en el país.
Mientras avanza esta nueva ofensiva legislativa, el Gobierno apuesta a la Asamblea como el escenario donde podría concretar cambios que los ecuatorianos rechazaron en las urnas. El debate, político y jurídico, apenas comienza.
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