La Contraloría General del Estado (CGE) ha aprobado un informe sobre un examen especial realizado al Hospital General Monte Sinaí, identificando indicios penales y sugerencias de responsabilidades civiles y administrativas por un valor superior a los $4 millones. La auditoría, que abarcó 43 procesos de contratación relacionados con dispositivos médicos, reactivos de laboratorio, gestión de desechos hospitalarios y medicamentos, refleja una serie de anomalías graves que afectan tanto la transparencia como el manejo de recursos en la institución.
Irregularidades en la gestión de reactivos y contratos de desechos hospitalarios
El análisis de los procesos de contratación reveló irregularidades significativas en la adquisición de reactivos de laboratorio, donde se detectó que más de un millón de unidades fueron descargadas sin justificación médica, lo que representó un perjuicio económico de más de $3.5 millones. Además, en los informes de compra, el personal omitió datos esenciales, como el stock disponible y el consumo mensual promedio, lo que genera dudas sobre la necesidad real de los insumos adquiridos.
Deficiencias en la gestión de desechos hospitalarios y fármacos
En relación con la gestión de desechos hospitalarios, la auditoría identificó un perjuicio de más de $124,000 debido a inconsistencias en el pesaje de los residuos entre los registros internos y los informes oficiales. Por otro lado, también se detectaron discrepancias en los inventarios de fármacos, como el caso de un lote de magaldrato, cuyo registro de ingreso fue significativamente mayor al número de unidades realmente producidas.
Conflictos de interés y posibles responsabilidades penales
Otro hallazgo relevante fue la existencia de vínculos no declarados entre varios proveedores, lo que habría permitido la adjudicación irregular de contratos. Este tipo de prácticas pone en evidencia la falta de transparencia en los concursos y compromete la legalidad de los procesos de adquisición de insumos médicos.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha emitido indicios de responsabilidad penal que han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se inicien las investigaciones correspondientes. Los posibles delitos incluyen la ejecución irregular de contratos, la adquisición ilegal de productos y la falta de transparencia en las adjudicaciones.
La Contraloría también sugirió la aplicación de responsabilidades civiles y administrativas, sumando más de $4 millones en perjuicios económicos. Con estos resultados, la entidad insta a la Fiscalía a tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
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