El juez Carlos Serrano, quien integraba el Tribunal de Juicio del caso Triple A y se desempeñaba en la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con el Crimen Organizado, presentó su renuncia irrevocable al cargo el pasado 4 de diciembre, tras recibir amenazas que comprometían su integridad. Desde este miércoles, 17 de diciembre, Serrano dejó de laborar en el sistema judicial ecuatoriano, alegando la falta de medidas de protección por parte de las autoridades.
En su escrito remitido al director provincial del Concejo de la Judicatura, Henry Gaibor, el juez detalló que el 3 de diciembre se le retiró el equipo de seguridad personal, a pesar de los riesgos evidentes que enfrentaba. Ante esta situación, y preocupado por su vida, presentó su renuncia al cargo de juez del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta oficial sobre su desvinculación laboral, lo que, según Serrano, vulnera su derecho constitucional al trabajo y pone en peligro su seguridad al obligarlo a continuar con sus funciones sin protección adecuada.
El origen de las amenazas contra Serrano está vinculado a su participación en causas sensibles, como la sentencia en el caso Euro 2024, relacionado con el serbio Yezdimir Serdán, un narcotraficante que lideraba una estructura de lavado de activos. La condena de Serdán, quien recibió una pena de diez años de prisión, fue precedida por una serie de amenazas hacia el juez, incluyendo un gesto de amenaza de muerte durante la audiencia. Días después, un coche bomba fue encontrado cerca del Complejo Judicial donde trabaja el juez, aumentando la gravedad de la situación.
El retiro de su seguridad, junto con la falta de respuestas por parte de las autoridades, obligó a Serrano a dejar de trabajar, alegando que su vida e integridad ya no podían ser garantizadas. Este hecho ocurre en medio del caso Triple A, que involucra a 22 personas y entidades acusadas de delitos vinculados al tráfico de productos derivados del petróleo, entre ellos, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La situación pone de relieve las amenazas a la seguridad de los jueces anticorrupción y los riesgos que enfrentan al juzgar casos de alto perfil vinculados al crimen organizado.
El alcalde Álvarez, a través de su cuenta en la red social X, expresó su apoyo a Serrano y sugirió llevar el caso a la Fiscalía, denunciando las irregularidades del sistema judicial y ofreciendo su respaldo en la denuncia de las amenazas.
Este episodio pone en evidencia las graves amenazas a la seguridad de quienes administran justicia en casos relacionados con el crimen organizado, mientras la comunidad judicial y la sociedad ecuatoriana exigen medidas urgentes para garantizar la protección de sus servidores públicos y el debido proceso judicial.
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