El Gobierno ecuatoriano avanza en una serie de acciones para enfrentar la crisis estructural del sistema penitenciario, marcada por el hacinamiento, la precariedad de la infraestructura y los problemas sanitarios en varios centros de reclusión del país. Entre las principales medidas se encuentra el inicio de la construcción de un nuevo centro carcelario y la atención prioritaria a la situación de salud en la Penitenciaría del Litoral.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que entre los meses de marzo y abril está previsto el inicio de la construcción de un nuevo centro penitenciario con capacidad para 15.120 personas privadas de la libertad. Esta infraestructura permitiría albergar aproximadamente al 50 % de la población carcelaria del país y se perfila como una de las obras clave para reducir el hacinamiento que afecta al sistema.
Según explicó el ministro, el estado actual de las cárceles evidencia un abandono de años. “Las cárceles del país son obsoletas y no cumplen con las condiciones necesarias para albergar a personas privadas de la libertad, menos aún frente al nivel de criminalidad que enfrentamos”, señaló. Añadió que la falta de intervenciones oportunas ha derivado en la crisis que hoy atraviesa el sistema penitenciario.
Reimberg detalló que la denominada Cárcel del Encuentro ya alberga a alrededor de 650 internos, como resultado de traslados ejecutados desde otros centros de reclusión. De acuerdo con información oficial del Ministerio del Interior, hasta el jueves 18 se contabilizaban 640 personas privadas de la libertad en este centro.
En cuanto a la situación sanitaria en la Penitenciaría del Litoral, el ministro reconoció la existencia de problemas que están siendo atendidos por el Estado. Indicó que se cuenta con personal médico que brinda atención permanente y provee la medicación necesaria, aunque admitió que las limitaciones de espacio y las condiciones estructurales dificultan un manejo adecuado de las enfermedades.
El titular de la cartera del Interior explicó que algunos problemas de salud se ven agravados por factores como la desnutrición de ciertos internos, situación que —según dijo— está relacionada con el consumo de drogas dentro de los centros de rehabilitación social. Este escenario incrementa el riesgo de contagio de enfermedades, por lo que aseguró que se están aplicando medidas de contención mientras avanza el plan de construcción del nuevo centro penitenciario, cuya ejecución tomará entre 15 y 18 meses.
En las últimas semanas se han denunciado fallecimientos de personas privadas de la libertad, algunos de ellos con síntomas asociados a tuberculosis. Ante esta situación, un juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte aceptó parcialmente una medida cautelar, declaró la vulneración de derechos fundamentales de los internos y ordenó al Estado implementar acciones urgentes en materia de salud y rehabilitación.
Reimberg sostuvo que, pese a las dificultades que enfrenta el sistema penitenciario, el Gobierno trabaja con las herramientas disponibles para corregir las falencias y acelerar soluciones estructurales que considera indispensables para recuperar el control de las cárceles y mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad.
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