La audiencia de juicio del denominado caso Triple A, en el que figura como procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otras 21 personas naturales y jurídicas, fue declarada fallida la tarde de este miércoles 24 de diciembre, debido a la inasistencia de dos abogados defensores por motivos de salud debidamente certificados.
La diligencia estaba convocada para las 14:30 en la sala 208 del Complejo Judicial Norte de Quito. Sin embargo, durante la instalación de la audiencia se conoció que dos de los tres abogados de algunos procesados no podían comparecer por enfermedad, situación que llevó al tribunal a suspender el acto judicial.
El tribunal de juzgamiento está conformado por los jueces anticorrupción Jorge Sánchez, quien actúa como ponente, Gabriela Lara y Consuelo Tapia. Tras deliberar cerca de dos horas, el juez Sánchez declaró fallida la audiencia a las 17:29 y dispuso un plazo de 72 horas para que los certificados médicos presentados sean debidamente legalizados. Asimismo, fijó como nuevas fechas para la instalación del juicio los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026, a las 08:30, en el auditorio del Complejo Judicial Norte.
Previamente, a las 15:00, se informó al tribunal sobre los certificados médicos presentados por José Navarrete, abogado defensor de Yesenia Vélez y Lady Cedeño, y por Erick Mayorga, defensor de César Emilio Bravo, representante de la empresa Fuelcorp. Navarrete justificó su inasistencia por un cuadro de neumonía, con reposo médico hasta el 10 de enero de 2026, mientras que Mayorga presentó un certificado por afecciones inflamatorias en los maxilares, con descanso hasta el 5 de enero.
Ambos juristas solicitaron el diferimiento de la audiencia, pedido que fue respaldado por varios abogados de los procesados. Entre ellos, Ramiro García, defensor del alcalde Aquiles Álvarez, quien sostuvo que debía garantizarse plenamente el derecho a la defensa, más aún cuando se trata de un proceso de alto interés público. “El país está pendiente de lo que suceda en esta audiencia”, manifestó.
Desde otra posición, el procurador judicial de Petroecuador, Andrés Erazo, solicitó que se verifique la legalidad y validez de los certificados médicos, mientras que Christian Puente, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), recordó que en casos de inasistencia de abogados defensores puede intervenir la Defensoría Pública.
Tras la resolución del tribunal, el alcalde de Guayaquil cuestionó la actuación procesal y aseguró que se procedió de “mala fe”, al recordar que inicialmente la audiencia estaba prevista para enero y febrero de 2026, luego fue adelantada para el 24 de diciembre y finalmente volvió a diferirse. Álvarez aseguró que su defensa no provocó ningún incidente y reiteró su disposición de comparecer al juicio. “Nosotros queremos ir a juicio sin ningún problema y que la gente vea todo”, afirmó.
El caso Triple A investiga la presunta comisión del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Según la Fiscalía, existiría una relación entre seis personas jurídicas y distribuidoras de combustible, a través de las cuales se habrían comercializado de manera irregular grandes volúmenes de diésel y gasolina.
De acuerdo con las pericias del Ministerio Público, el presunto perjuicio económico ascendería a 61’502.658,39 dólares, correspondiente a más de 22 millones de galones de combustible, lo que configuraría un delito cometido a gran escala.
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