La solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunto incumplimiento de funciones, superó el primer filtro legislativo y fue remitida a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, instancia en la que el oficialismo, representado por la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), mantiene mayoría.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunió este domingo 11 de enero y, con seis votos a favor, resolvió que el pedido presentado por cinco legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC) cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En la votación no estuvo presente la legisladora Carmen Tiupul, de Pachakutik.
La sesión fue transmitida en vivo y, tras la lectura del informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), la legisladora oficialista Mishel Mancheno presentó la moción para acoger el documento, que avala la procedencia del juicio político. La moción fue aprobada por unanimidad de los legisladores presentes.
Mancheno calificó la decisión como un acto de “firmeza democrática y responsabilidad institucional” y subrayó que el control político es una obligación constitucional cuando existen cuestionamientos sobre la administración de justicia. “La transparencia no se negocia, la transparencia se exige y, sobre todo, se garantiza”, afirmó la primera vicepresidenta de la Asamblea.
Con esta resolución, el CAL dispuso que el expediente sea notificado a la Comisión de Fiscalización, para que avoque conocimiento del caso y sustancie el trámite conforme al artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, señaló que con esta decisión se da paso formal al enjuiciamiento político contra el titular de la Judicatura y pidió que el proceso se desarrolle respetando el debido proceso y la normativa vigente. “Se avanzó de forma expedita y transparente dentro de los plazos establecidos por la ley. Ahora será la Comisión de Fiscalización la que continúe con el proceso, sin adelantar sentencias”, puntualizó.
Las acusaciones
El pedido de juicio político fue presentado por los asambleístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso, quienes reunieron 42 firmas de respaldo. Acusan a Godoy de un supuesto incumplimiento de funciones por inobservar el artículo 168 de la Constitución, que garantiza la independencia judicial y la transparencia en la administración de justicia.
Según los proponentes, el presidente del Consejo de la Judicatura habría ejercido presiones, a través de su colaborador cercano Henry Gaibor, sobre el juez Carlos Serrano, presuntamente para favorecer al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, procesado por narcotráfico y antiguo cliente de la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla.
Como sustento, los legisladores presentaron 23 piezas informativas provenientes de medios de comunicación nacionales e internacionales, plataformas digitales y redes sociales. Entre los elementos señalados constan denuncias públicas sobre presuntas presiones internas en la Función Judicial, la salida del juez Serrano de su cargo, audios difundidos públicamente, pronunciamientos de asociaciones de magistrados y cuestionamientos a la gestión del Consejo de la Judicatura.
Además, los acusadores solicitaron la comparecencia de 19 testigos, entre ellos exautoridades y vocales de la Judicatura, jueces y exjueces —incluidos magistrados de la Unidad Anticorrupción—, autoridades judiciales en funciones, exfuncionarios legislativos, abogados, analistas, periodistas e investigadores.
El trámite en la Comisión de Fiscalización
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos por parte del CAL, el presidente de la Asamblea deberá remitir, en un plazo máximo de tres días, la solicitud de enjuiciamiento y su documentación de respaldo al presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN).
Álvarez contará con cinco días para poner en conocimiento de la comisión el pedido de juicio político. En esta fase se verificará que se cumpla lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución, es decir, que existan las firmas suficientes y que la autoridad sea susceptible de control político por parte de la Asamblea.
Calificado el trámite, la Comisión notificará a Mario Godoy, quien tendrá 15 días para presentar su contestación y las pruebas de descargo que considere pertinentes. El mismo plazo se otorgará a los legisladores proponentes para sustentar sus acusaciones.
La Comisión de Fiscalización está integrada mayoritariamente por legisladores y aliados de ADN, que preside y vicepreside la mesa. La bancada oficialista cuenta con Ferdinan Álvarez, Ana Belén Tapia, Fabiola Sanmartín, María Villacreses y Luigi García Velásquez, además del apoyo del asambleísta de Pachakutik José Nango. Por su parte, Revolución Ciudadana está representada por Ana Cecilia Herrera, Janeth Bustos, Fricson George y Nanki Saant.
Con esta correlación de fuerzas, el juicio político entra en una etapa decisiva, marcada por el debate sobre la independencia judicial y el alcance del control político en el actual escenario legislativo.
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