La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) da por descontado que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificará el juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, lo que activará de forma inmediata el proceso previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una vez superado ese paso, el funcionario será notificado y dispondrá de un plazo de 15 días para presentar sus pruebas de descargo.
La Comisión de Fiscalización, presidida por el legislador Ferdinan Álvarez (ADN), fue convocada para este jueves a partir de las 15:00, con el objetivo de conocer y calificar la solicitud de juicio político presentada por cinco asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). La acusación contra Godoy se sustenta en un presunto incumplimiento de funciones.
Álvarez explicó que, una vez calificada la solicitud, el trámite es inmediato. “Se notifica al funcionario contra quien se propone el juicio político y, a partir de ese momento, se activa el plazo de los 15 días para que presente las pruebas de descargo”, precisó.
Consultado sobre la postura del Partido Social Cristiano (PSC), que ha anticipado su respaldo a una eventual censura y destitución de Godoy, el presidente de la mesa legislativa pidió cautela. “Vamos paso a paso. Para ser padrino de un hijo hay que primero tener el niño. Primero desarrollemos el juicio político y después ya veremos”, señaló, al advertir que adelantar criterios puede generar confusión en la opinión pública.
En este contexto, Álvarez reveló que su despacho recibió dos solicitudes de la bancada de la Revolución Ciudadana para que se excusen del proceso los asambleístas José Nango (ex Pachakutik, hoy aliado de ADN) y Luigi García, por un supuesto conflicto de intereses. Tras analizar ambos pedidos, el legislador afirmó que carecen de sustento.
En el caso de Luigi García, explicó que se habría confundido la identidad, ya que el abogado que integra el consorcio Invictus Law Group es José García y no Luigi García, por lo que no existe parentesco alguno. Respecto a José Nango, Álvarez sostuvo que los actos de familiares mayores de edad no guardan relación con el desempeño legislativo y que, además, el hijo del asambleísta no trabaja actualmente en el Consejo de la Judicatura, como se ha señalado. “No hay razón para una excusa”, enfatizó.
Desde la oposición, el Partido Social Cristiano ratificó su posición. El asambleísta Alfredo Serrano aseguró que su bancada votará por la censura y destitución de Mario Godoy y sostuvo que su salida del Consejo de la Judicatura “será más temprano que tarde”. A su criterio, se le está dando “vida artificial” para prolongar su permanencia en el cargo.
Serrano afirmó que existen suficientes pruebas para sustentar el juicio político, no solo por los cuestionamientos relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico, sino también por una serie de incumplimientos legales. Entre ellos mencionó la falta de nombramiento de jueces de garantías constitucionales dentro del plazo de 180 días, la ausencia de evaluaciones a jueces y fiscales, la incompleta conformación de la Corte Nacional de Justicia y el déficit de jueces, fiscales y notarios en varias provincias y cantones del país.
Por su parte, la legisladora Ana Cecilia Herrera (RC), integrante de la Comisión de Fiscalización, sostuvo que no existe ninguna razón para bloquear o votar en contra de la calificación del juicio político. Afirmó que la Revolución Ciudadana llega a este proceso con la convicción de que el país necesita transparencia en el sistema de justicia.
“Los cuestionamientos que tiene Mario Godoy son muy graves y el país debe conocer lo que realmente ocurre al interior de la Función Judicial”, señaló Herrera, quien adelantó que su bancada insistirá en la sesión para que se tramite la excusa de los asambleístas José Nango y Luigi García.
Con este escenario, el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura se perfila como uno de los procesos más relevantes en la agenda legislativa de los próximos días, con posturas marcadas y un debate que promete escalar tanto en la comisión como en el Pleno de la Asamblea.
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