El pleno de la Asamblea Nacional resolvió remitir a cinco comisiones especializadas permanentes los informes de labores presentados por ocho instituciones del Estado, como parte del proceso de fiscalización y control político que establece la normativa vigente.
La decisión se adoptó con 87 votos a favor, 59 en contra y una abstención, durante la sesión n.º 063 realizada este martes 20 de enero de 2026. La moción fue planteada por el asambleísta oficialista Adrián Castro, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN).
De acuerdo con la resolución, el informe de labores de la Función de Transparencia y Control Social será analizado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, presidida por la legisladora Lucía Pozo.
En tanto, los informes del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), presentado por su presidenta Ivonne Coloma, y del Consejo Nacional Electoral (CNE), sustentado por Diana Atamaint, fueron remitidos a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que preside la asambleísta Diana Jácome.
El informe de la Contraloría General del Estado, expuesto por el contralor Mauricio Torres, será revisado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario, encabezada por Nathaly Farinango.
Asimismo, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, presidida por Lucía Jaramillo, tendrá a su cargo el análisis de los informes presentados por el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, y por el defensor público, Ricardo Morales.
Por su parte, el informe de labores de la Fiscalía General del Estado, presentado por el fiscal subrogante Leonardo Alarcón, fue enviado a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presidida por Inés Alarcón.
Finalmente, el informe de gestión del Consejo de la Judicatura (CJ), sustentado ante el pleno por su presidente Mario Godoy, será evaluado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, liderada por Rosa Torres.
Las cinco comisiones encargadas del análisis están presididas por asambleístas de la bancada de Gobierno, Acción Democrática Nacional. Conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estas mesas parlamentarias disponen de un plazo de 30 días para examinar los informes. Posteriormente, el pleno de la Asamblea deberá pronunciarse sobre cada uno de ellos en un solo debate.
Durante la misma sesión estaba previsto que el Legislativo conozca el pedido del juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova Ochoa, para levantar la inmunidad parlamentaria del asambleísta Juan Andrés González, coordinador de la bancada Revolución Ciudadana (RC), en el marco de una querella presentada por la legisladora Janina Rizzo Alvear, de ADN. No obstante, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión y este punto no fue tratado.
Sé el primero en comentar