El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica, orientados a la sostenibilidad del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y al fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía.
Las iniciativas enviadas por el Ejecutivo son la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
Conforme a la normativa vigente, la Asamblea Nacional dispone de un plazo de 30 días para tramitar ambas propuestas en dos debates, proceso que requerirá el respaldo de al menos 77 votos para su aprobación.
El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, explicó que el envío de estos proyectos urgentes es procedente debido a los estados de excepción actualmente vigentes en el país. Añadió que la última propuesta urgente remitida por el Ejecutivo estuvo relacionada con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, e incluyó incentivos tributarios y facilidades para donaciones destinadas a la seguridad interna.
Reforma al gasto de los gobiernos autónomos
El proyecto que reforma el Cootad busca enfrentar el problema estructural de la rigidez del gasto corriente en los GAD y el consecuente desplazamiento de la inversión pública. La propuesta apunta a redirigir los recursos hacia inversión, mantenimiento y prestación de servicios públicos, obligaciones que están consagradas en la Constitución.
La iniciativa establece una regla fiscal clara y verificable que obliga a los gobiernos autónomos a destinar, como mínimo, el 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, así como a servicios públicos. Según el Ejecutivo, esta disposición contará con mecanismos de trazabilidad, control y rendición de cuentas.
Herrería indicó que la reforma busca alinear el gasto de los GAD con el Plan Nacional de Desarrollo, ante la falta de obras de impacto social en varios territorios, situación que —según el Gobierno— ha generado presiones adicionales sobre el presupuesto del Estado central.
Cambios urgentes en minería y energía
En el segundo proyecto urgente, el Ejecutivo argumenta que los sectores de minería y energía enfrentan restricciones regulatorias, fragmentación normativa y falta de seguridad jurídica, lo que ha derivado en la paralización o ralentización de proyectos estratégicos, caída de la inversión, reducción de ingresos fiscales y expansión de actividades ilegales, como la minería ilegal, con impactos económicos, ambientales y de seguridad.
En el ámbito minero, el Gobierno sostiene que el régimen actual ha generado demoras administrativas estructurales que inmovilizan capital y retrasan la entrada en operación de proyectos, afectando la percepción temprana de ingresos fiscales como patentes, regalías anticipadas e impuestos. La reforma plantea simplificar y racionalizar los actos administrativos, reducir plazos y eliminar cargas procedimentales desproporcionadas.
Además, se incorporan mecanismos de promoción de la inversión, como los clústeres mineros integrales, que permitirán coordinar infraestructura y servicios, liberar capital y reactivar proyectos sin crear nuevos tributos ni incrementar el gasto público.
El Ejecutivo también señala que, aunque la minería es una fuente relevante de ingresos no tributarios, la falta de reglas claras de trazabilidad y priorización territorial ha reducido la eficiencia de estas rentas y elevado el riesgo de conflictividad social. Por ello, la propuesta establece mecanismos de registro, trazabilidad y priorización del uso territorial de la renta minera, con el objetivo de garantizar que los recursos se traduzcan en inversión social verificable.
En cuanto a la minería artesanal e ilegal, la reforma redefine el régimen vigente, fortalece los controles y promueve una transición ordenada hacia la formalización, lo que permitiría ampliar la base de contribuyentes, proteger la inversión y resguardar ingresos fiscales, sin aumentar impuestos, en un contexto de vulnerabilidad fiscal.
Reformas en el sector eléctrico
En materia de energía eléctrica, el proyecto propone medidas orientadas a preservar la liquidez de la caja pública, habilitando esquemas excepcionales de concesión y delegación que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de proyectos. Según el Ejecutivo, este modelo permitiría trasladar riesgos al sector privado, evitar desembolsos iniciales y generar ahorros cercanos a los 100 millones de dólares por proyecto concesionado, sin recurrir a nueva deuda.
Asimismo, se plantean instrumentos para diversificar la generación eléctrica, fortalecer la capacidad instalada y habilitar esquemas de autoabastecimiento y autogeneración, con el fin de reducir la probabilidad de racionamientos y proteger la continuidad del aparato productivo y de los ingresos fiscales.
La propuesta también busca acelerar la inversión en generación y transmisión, incorporar energías renovables y modernizar la matriz energética, reduciendo la vulnerabilidad frente a choques externos y los costos sistémicos, sin incrementar impuestos ni el gasto público.
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