El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la prórroga por 30 días adicionales del estado de excepción por grave conmoción interna en nueve provincias y tres cantones del país, medida que se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo n.° 311, suscrito el sábado 28 de febrero.
La decisión extiende la vigencia del régimen extraordinario en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
Asimismo, la disposición alcanza a los cantones La Maná (provincia de Cotopaxi), Las Naves y Echeandía, en la provincia de Bolívar.
Antecedentes de la medida
El miércoles 31 de diciembre de 2025, el jefe de Estado había decretado el estado de excepción por grave conmoción interna en estas mismas jurisdicciones, con una vigencia inicial de 60 días. El documento establecía entonces que la medida regiría durante ese período para enfrentar el deterioro de la seguridad y la escalada de violencia atribuida a organizaciones delictivas.
Con la emisión del Decreto 311, el Ejecutivo amplía la aplicación del régimen excepcional ante la persistencia del escenario de riesgo.
Suspensión de derechos y fundamentos técnicos
La normativa ratifica la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de correspondencia en las provincias y cantones comprendidos en el estado de excepción, una disposición que faculta a las fuerzas del orden a realizar intervenciones bajo los parámetros constitucionales previstos para este tipo de declaratorias.
De acuerdo con el texto oficial, los informes técnicos y operativos actualizados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional —correspondientes al período de evaluación entre enero y febrero de 2026— evidencian que la amenaza criminal, la reconfiguración de grupos delictivos y los niveles de violencia de alta intensidad persisten de manera focalizada en estas jurisdicciones.
El Ejecutivo sostiene que estos elementos objetivos justifican la extensión de la medida extraordinaria, en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno para contener el accionar de estructuras criminales que operan en distintas zonas del país.
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