El Gobierno de Ecuador declaró Emergencia Nacional por un periodo de 60 días debido a las graves afectaciones provocadas por la temporada invernal en gran parte del territorio. La medida responde al impacto que han tenido las intensas lluvias en la población, la red vial, la infraestructura pública y los medios de vida de miles de ciudadanos.
La decisión se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo 325, sustentado en las resoluciones adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional durante su sesión permanente realizada el 12 de marzo de 2026.
Afectaciones en todo el país
Según el informe técnico presentado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la declaratoria responde a la persistencia de condiciones hidrometeorológicas adversas y a la magnitud de los daños registrados en el país.
El reporte señala que el 100 % de las provincias y el 85,58 % de los cantones presentan algún tipo de afectación causada por las lluvias, con impactos directos en viviendas, carreteras e infraestructura considerada estratégica para el funcionamiento del Estado.
Entre los principales riesgos identificados se encuentran la saturación de suelos, deslizamientos de tierra, inundaciones y desbordamientos de ríos, fenómenos que han generado emergencias en distintas localidades y han puesto en peligro a la población.
Acciones para enfrentar la emergencia
La declaratoria permitirá al Gobierno adoptar medidas urgentes e inmediatas para mitigar los efectos del invierno y evitar que la situación se agrave. Dentro de estas acciones se contempla el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico, la activación permanente de los comités de emergencia y la ejecución de planes de respuesta en las zonas más afectadas.
La coordinación de estas acciones estará liderada principalmente por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en conjunto con otras instituciones del Ejecutivo.
El objetivo central de la medida es proteger la vida, la integridad y los medios de subsistencia de la población, así como garantizar la continuidad de los servicios públicos y la protección de la infraestructura estatal.
Llamado a los gobiernos locales
El decreto también establece que las instituciones del Gobierno central deberán ejecutar las acciones de respuesta que les correspondan dentro del marco de la emergencia.
De igual manera, se exhorta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales, provinciales y parroquiales a priorizar la implementación de sus planes de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a los efectos derivados de la temporada lluviosa.
Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones climáticas, mientras se coordinan acciones para atender a las comunidades afectadas y reducir los riesgos que podrían generarse en las próximas semanas si continúan las precipitaciones.
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