Luego de ocho meses desde el cierre de la etapa de instrucción fiscal y tras cuatro diferimientos, este lunes 16 de marzo se prevé la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del denominado caso Liga2, proceso penal en el que siete personas son investigadas por el presunto delito de asociación ilícita.
La diligencia está convocada para las 09:30 en la Corte Nacional de Justicia del Ecuador y será dirigida por la jueza Daniella Camacho. En esta fase se definirá si existen los elementos suficientes para que los procesados enfrenten un juicio.
Los siete procesados en el caso
El proceso investiga a varios exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a figuras vinculadas al movimiento político Revolución Ciudadana.
Entre los procesados constan:
- Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS.
- Yadira Saltos, exconsejera.
- Eduardo Franco Loor, exconsejero.
- Nicole Bonifaz, actual integrante del CPCCS.
- Andrés Arauz, excandidato presidencial.
- Raúl González, electo superintendente de Bancos en 2022.
- Esther Cuesta, exasambleísta.
La investigación de la Fiscalía General del Estado de Ecuador sostiene que los procesados habrían intervenido en la planificación de una estrategia para influir y controlar instituciones del Estado, entre ellas la Superintendencia de Bancos del Ecuador y el Consejo de la Judicatura del Ecuador.
Un proceso con varios diferimientos
La instrucción fiscal, que duró cuatro meses, concluyó el 13 de julio de 2025. Sin embargo, la audiencia preparatoria no se ha instalado hasta ahora debido a varios aplazamientos solicitados por las defensas de los procesados.
Inicialmente, la diligencia fue convocada para el 12 de agosto de 2025, pero se postergó debido a solicitudes de información y diligencias pendientes planteadas por las defensas.
Posteriormente, un pedido del abogado de Andrés Arauz trasladó la audiencia al 24 de noviembre de ese mismo año. Más adelante, el 28 de enero pasado, la jueza Camacho concedió un nuevo diferimiento solicitado por la defensa de Nicole Bonifaz, quien argumentó que su abogado se encontraba fuera del país por motivos académicos.
En esa ocasión, la magistrada advirtió que no se aceptarían más postergaciones, al considerar que el proceso ya había tenido múltiples aplazamientos.
Jueza niega nuevo pedido de aplazamiento
La advertencia se ratificó el viernes 13 de marzo, cuando la jueza Daniella Camacho negó un nuevo pedido de diferimiento presentado por Eduardo Franco Loor, quien solicitó suspender la audiencia hasta que concluya el proceso de designación del nuevo fiscal general.
Actualmente, el concurso se desarrolla en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras que el fiscal general subrogante es Carlos Alarcón.
En su solicitud, Franco Loor argumentó que la participación de la jueza Camacho y del fiscal subrogante en el concurso podría afectar el principio de imparcialidad judicial. No obstante, la magistrada rechazó ese planteamiento al considerarlo improcedente y contrario al principio de independencia de la Función Judicial.
Críticas desde el exterior
El exconsejero Augusto Verduga, quien se encuentra en México con estatus de refugiado y mantiene una orden de prisión preventiva en Ecuador, también cuestionó la permanencia de la jueza en el caso mientras participa en el concurso para fiscal general.
A través de la red social X, sostuvo que la magistrada debería excusarse del proceso, argumento que se suma a los cuestionamientos que han surgido alrededor del caso.
Testimonio anticipado dentro de la investigación
Como parte de la investigación, el pasado 29 de enero la abogada y presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, Mónica Gabriela J. J., rindió un testimonio anticipado ante la Corte Nacional.
Durante su intervención, la experta en temas electorales explicó el trámite de denuncias presentadas ante el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador contra varios exconsejeros del CPCCS.
Según su relato, durante ese proceso se habrían presentado múltiples recursos y recusaciones que, a su criterio, buscaban impedir el funcionamiento del pleno del tribunal electoral y retrasar decisiones sobre sanciones administrativas.
Situación judicial de los procesados
Actualmente, cinco de los procesados cumplen medidas cautelares de presentación periódica ante la autoridad judicial. En cambio, Augusto Verduga y Esther Cuesta mantienen órdenes de prisión preventiva que no se han ejecutado.
En el caso de Andrés Arauz, el excandidato presidencial viaja periódicamente desde México a Ecuador para cumplir con la medida judicial de presentación periódica.
La Fiscalía busca que en esta audiencia se declare la validez de todo lo actuado durante la investigación y posteriormente presentar su dictamen acusatorio para solicitar que los siete procesados sean llamados a juicio.
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