Con 142 votos a favor y seis abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este 7 de abril de 2026 que la iniciativa ciudadana para la Ley Orgánica de Regulación Integral del uso responsable del cannabis avance a su segunda fase: la verificación de firmas en el Consejo Nacional Electoral.
La propuesta plantea un cambio profundo en la política de drogas del país, al permitir el acceso al cannabis tanto con fines medicinales como para uso adulto, bajo un esquema regulado que busca reducir riesgos para la salud pública, combatir el mercado ilegal y enfrentar problemas de inseguridad vinculados al narcotráfico.
Despenalización y regulación
El proyecto contempla la despenalización del cannabis en todo el territorio ecuatoriano y su exclusión del listado de sustancias sujetas a fiscalización. La intención es establecer controles claros que permitan un uso responsable, alejando a los consumidores del circuito ilegal.
Sin embargo, el debate político ya muestra divisiones. El asambleísta Sergio Peña, independiente, votó a favor del trámite pero anticipó su rechazo al contenido de la ley.
“Las drogas son negativas, sobre todo en un país donde no existen controles efectivos”, advirtió, señalando preocupaciones sobre el impacto en niños y jóvenes y la capacidad del Estado para regular adecuadamente.
Autocultivo y clubes de consumo
Entre los puntos más relevantes del proyecto está la posibilidad de autocultivo. Los ciudadanos podrán sembrar hasta 30 plantas en etapa de floración para uso personal, siempre que no exista fines comerciales.
Además, se abre la puerta a la conformación de clubes de cannabis, donde personas adultas podrán asociarse para cultivar, consumir y almacenar la sustancia bajo parámetros que deberán definirse en el reglamento.
No obstante, la normativa aún genera dudas. La asambleísta Ana Herrera, de la Revolución Ciudadana, indicó que el cultivo no podrá realizarse libremente en domicilios sin permisos y requisitos, aunque el texto no fija límites claros en ciertos aspectos.
Impacto en la seguridad
Los impulsores de la iniciativa, respaldados por 11 organizaciones, sostienen que la regulación podría debilitar al crimen organizado. Como referencia citan la experiencia de Uruguay, que en 2013 se convirtió en el primer país en legalizar completamente el cannabis.
Según sus datos, el mercado ilegal en ese país se redujo significativamente, con un 60 % de consumidores accediendo a canales legales.
“Regular el cannabis permitiría disminuir actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y aliviar la carga del sistema judicial”, argumentan.
Protección a menores y sanciones
El proyecto es enfático en la protección de menores de edad. Las personas menores de 18 años no podrán acceder al cannabis para uso adulto, aunque sí al medicinal bajo condiciones específicas.
Experiencias internacionales, como la de Canadá, son citadas para respaldar la propuesta. Tras la legalización, se registró una disminución en el consumo entre menores gracias a controles más estrictos.
En cuanto a sanciones, la ley contempla multas de hasta 10 salarios básicos, decomiso de productos, suspensión de permisos e incluso clausura de establecimientos, dependiendo de la gravedad de las infracciones.
Próximo paso: validación ciudadana
El avance de esta iniciativa marca un hito en el debate sobre políticas de drogas en Ecuador. Ahora, el proceso dependerá de la validación de firmas por parte del CNE, paso clave para que el proyecto continúe su camino hacia una eventual aprobación.
Mientras tanto, el país entra en una discusión de fondo: cómo equilibrar libertades individuales, salud pública y seguridad en torno a una sustancia que, por décadas, ha estado en el centro de la controversia.
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