El pasado 15 de abril de 2026, un grupo de 15 migrantes arribó a la República Democrática del Congo tras ser expulsados de Estados Unidos, país que les negó la solicitud de asilo. La Cancillería ecuatoriana confirmó inicialmente que un compatriota formaba parte del grupo, y posteriormente se informó sobre la presencia de otros dos ciudadanos ecuatorianos.
Estados Unidos clasifica al Congo como un país con nivel 3 de seguridad, es decir, extremadamente peligroso, debido a la alta incidencia de delincuencia, terrorismo, disturbios civiles, conflictos armados y secuestros. En contraste, Ecuador figura con nivel 2, lo que permite viajar con precauciones, siguiendo las recomendaciones de la embajada o consulado estadounidense y evitando zonas de riesgo elevado.
El traslado de los ecuatorianos al Congo se enmarca dentro del Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) entre Estados Unidos y este país africano. Este mecanismo permite a Estados Unidos expulsar migrantes a terceros países antes de su posible repatriación a sus países de origen.
La negativa de los ecuatorianos a regresar
Según la Cancillería, los ciudadanos ecuatorianos expresaron su deseo de no regresar al país, decisión avalada por un juez de inmigración en el marco de los instrumentos internacionales de protección. “El Consulado del Ecuador en Houston comunicó oportunamente la situación a los familiares del ciudadano en Ecuador”, señaló la entidad, pero insistió en que la decisión de no retornar fue del propio migrante.
En cuanto a los otros dos connacionales, se informó que se les realizarán entrevistas individuales para determinar si desean regresar voluntariamente, trámite necesario para un posible retorno asistido.
Críticas al manejo consular
Expertos han cuestionado el papel del consulado ecuatoriano en Houston en este proceso. El internacionalista Carlos Estarellas sostuvo que el traslado demuestra un mal manejo consular: “El Congo es un país sumamente conflictivo. Las autoridades ecuatorianas debieron garantizar su seguridad en Ecuador o gestionar otro país seguro en lugar de enviarlo allí”.
La abogada especializada en migración Andrea Ledesma recordó que este no es un caso aislado: en meses recientes, solicitantes de asilo ecuatorianos han sido deportados a otros países africanos, como Uganda, debido a la saturación de los cupos disponibles para repatriación a destinos como Honduras, El Salvador, Panamá o México.
Sobre la cantidad total de ciudadanos ecuatorianos expulsados a África, la Cancillería solo ha proporcionado información sobre los tres casos más recientes.
Apoyo consular en condiciones limitadas
La Cancillería afirmó que uno de los ecuatorianos se encuentra en un espacio de acogida “en condiciones adecuadas y seguras, manteniendo contacto permanente con su familia”, mientras que los otros dos se alojan en un hotel y permanecen en buen estado, según autoridades locales del Congo.
Sin embargo, William Murillo, de la fundación 1800 Migrante, criticó la gestión, señalando que Ecuador carece de representación diplomática en el Congo y que la asistencia consular resulta limitada debido a la distancia del consulado más cercano, ubicado en Sudáfrica, a 3.800 kilómetros.
Por su parte, Ledesma destacó que las opciones de los migrantes para regresar a Estados Unidos son prácticamente nulas, ya que la apelación de su solicitud de asilo sería muy difícil desde el Congo.
Este caso pone de relieve las limitaciones de la protección consular en contextos de acuerdos internacionales de migración y plantea preguntas sobre los mecanismos de seguridad y derechos humanos en procesos de expulsión y traslado de migrantes.
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