A poco más de un año de las elecciones seccionales, el escenario político en las principales ciudades del país enfrenta un giro inesperado. Los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, Pabel Muñoz, Aquiles Álvarez y Cristian Zamora, respectivamente, encabezan las preferencias electorales según la más reciente encuesta de Click Report. Sin embargo, los tres atraviesan procesos judiciales o administrativos que podrían impedirles participar en la contienda por la reelección.
La situación ha abierto un intenso debate sobre el impacto político de estas decisiones, el papel de las instituciones de control y las posibles consecuencias electorales para el oficialismo y la oposición.
Aquiles Álvarez, el caso más complejo
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta el panorama más complicado. Desde el 11 de febrero de 2026 permanece detenido y es investigado en tres procesos penales distintos: el denominado caso Goleada, el caso Triple A y una causa adicional relacionada con el retiro de su dispositivo de vigilancia electrónica.
Aunque hasta el momento no existe una sentencia ejecutoriada que le impida legalmente participar en elecciones, su permanencia bajo prisión preventiva representa un obstáculo práctico para aceptar una eventual candidatura, ya que la normativa electoral exige la aceptación presencial de la postulación.
Su situación jurídica mantiene en incertidumbre al movimiento político que lo respalda y a sus simpatizantes, quienes observan con preocupación la posibilidad de que el alcalde quede fuera de la carrera electoral.
Cristian Zamora espera decisión definitiva del TCE
En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora también enfrenta un escenario delicado. El juez Joaquín Viteri, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), resolvió suspender sus derechos de participación política durante seis meses e imponerle una sanción económica.
La decisión todavía debe ser revisada por el Pleno del organismo. Si la resolución es ratificada, Zamora quedaría inhabilitado para presentar una candidatura en los próximos comicios, poniendo fin a sus aspiraciones de reelección.
La expectativa política en la capital azuaya gira ahora alrededor de la decisión final del TCE, que podría redefinir completamente el mapa electoral local.
Pabel Muñoz bajo la lupa de la fiscalización legislativa
Mientras tanto, en Quito, el alcalde Pabel Muñoz enfrenta un proceso de fiscalización impulsado desde la Asamblea Nacional.
Las investigaciones se centran en presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de trolebuses para la capital y los contratos de mantenimiento del Metro de Quito.
Aunque el procedimiento legislativo no implica una sanción electoral inmediata, el avance de las investigaciones podría derivar en consecuencias políticas y jurídicas que condicionen una eventual candidatura.
¿Qué ocurriría si los tres quedan fuera?
La posibilidad de que ninguno de los tres alcaldes participe en las elecciones genera interrogantes sobre el futuro político de las principales ciudades del país.
Para la politóloga Sofía Guerrero, docente de la Universidad de Las Américas (UDLA), la eventual exclusión de los tres alcaldes representaría la salida de los perfiles con mayor posicionamiento electoral en sus respectivas jurisdicciones.
“El principal desafío de estos tres personajes ya no es político, sino jurídico. Si no logran resolver sus problemas legales y administrativos, podrían quedar fuera de la competencia los candidatos con mayores niveles de reconocimiento y respaldo ciudadano”, explica.
No obstante, la especialista aclara que liderar las encuestas no garantiza una victoria electoral, por lo que la ausencia de estos candidatos abriría un escenario completamente nuevo para el electorado.
ADN podría obtener una ventaja, pero no una victoria asegurada
Uno de los principales interrogantes es quién se beneficiaría políticamente si Muñoz, Zamora y Álvarez no participan en las elecciones.
Guerrero considera que el movimiento oficialista ADN tendría una ventaja competitiva al desaparecer tres de los candidatos mejor posicionados en las principales ciudades del país. Sin embargo, advierte que esta situación está lejos de representar una victoria automática.
El analista político Francis Cordero coincide con esta visión y sostiene que el resultado dependerá de la calidad de los candidatos que presente el oficialismo y, sobre todo, de la percepción ciudadana respecto a los procesos que enfrentan los alcaldes.
“No se puede asumir que la ausencia de los tres candidatos más fuertes garantiza un triunfo del Gobierno. La ciudadanía podría interpretar estas sanciones como una forma de excluir a la oposición de la competencia electoral”, señala.
Según el analista, buena parte de los votantes considera que todos los actores políticos deben tener la oportunidad de participar y que cualquier restricción podría generar un efecto contrario al esperado.
“La mayoría de ciudadanos quiere que se deje participar a todos. Cuando eso no ocurre, se genera rechazo, especialmente entre quienes tenían previsto votar por esos candidatos”, afirma.
El factor victimización
Otro elemento que podría influir en el proceso electoral es la llamada «victimización política».
Cordero considera que, en caso de quedar fuera de la contienda, los votos de los actuales alcaldes podrían migrar hacia candidatos identificados con sus mismas corrientes ideológicas, fortaleciendo el discurso de persecución política.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que emerjan nuevas figuras capaces de capitalizar el descontento ciudadano y posicionarse como alternativas frente al oficialismo y la oposición tradicional.
Lo que reflejan las redes sociales
La conversación digital muestra una tendencia que podría incidir en el comportamiento electoral.
Alondra Enríquez, directora de Go Social Suite, señala que un estudio realizado entre el 1 de abril y el 27 de mayo de 2026 revela que el 55 % de las opiniones registradas en redes sociales califican negativamente las sanciones que enfrentan los alcaldes, mientras que un 27 % las relaciona directamente con una supuesta persecución política.
Según la especialista, una parte importante de los usuarios percibe que instituciones como el sistema judicial y el Tribunal Contencioso Electoral actúan alineadas con los intereses del presidente de la República.
“Existe una percepción creciente de que no hay una separación efectiva de poderes, lo que alimenta la narrativa de persecución política entre determinados sectores de la ciudadanía”, sostiene.
Un escenario abierto
A medida que avanzan los procesos judiciales, electorales y administrativos, el panorama político de Quito, Guayaquil y Cuenca permanece abierto.
Lo que inicialmente parecía una disputa electoral entre alcaldes con altos niveles de aprobación podría transformarse en una contienda marcada por decisiones judiciales, debates sobre institucionalidad y cuestionamientos acerca de la independencia de los organismos de control.
Por ahora, el futuro político de las tres principales ciudades del Ecuador dependerá menos de las campañas y más de las resoluciones que adopten los tribunales, jueces y entidades encargadas de definir el destino de quienes, hasta hace poco, aparecían como los favoritos para continuar en sus cargos.
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