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Daniel Noboa declara una nueva etapa de “guerra total” contra el crimen organizado y abre la puerta a cooperación militar extranjera

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció una nueva fase en la estrategia de seguridad del país al ratificar la existencia de un Conflicto Armado No Internacional (CANI) y autorizar mecanismos de cooperación internacional que podrían incluir la participación de personal militar extranjero en las operaciones contra el crimen organizado.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 424, emitido el 18 de junio de 2026, y marca un nuevo capítulo en la política de seguridad del Gobierno frente al avance de las organizaciones delictivas que operan en el territorio nacional.

Durante una cadena nacional, Noboa aseguró que Ecuador enfrenta una amenaza de carácter regional y que la respuesta debe contar con el respaldo de países aliados.

“Militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad. Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo”, afirmó el mandatario.

Una medida que reabre el debate constitucional

El anuncio se produce pese a que la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias en las que cuestiona la declaratoria de Conflicto Armado No Internacional realizada anteriormente por el Ejecutivo.

No obstante, el Gobierno sostiene que la magnitud de la violencia provocada por las organizaciones criminales requiere medidas extraordinarias para recuperar el control territorial y fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Estados cooperantes podrán ejecutar acciones destinadas a preservar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad interna del país.

Asimismo, contempla mecanismos de cooperación internacional orientados al intercambio de información, inteligencia, asesoramiento técnico y fortalecimiento operativo.

Protección legal para militares y personal cooperante

Uno de los puntos más relevantes del decreto se refiere a la protección jurídica para quienes participen en las operaciones de seguridad.

El presidente señaló que, amparado en las facultades previstas en la Constitución, podrá conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y a civiles que sean procesados por actuaciones vinculadas al conflicto armado interno.

Además, el documento establece que el personal extranjero perteneciente a Estados cooperantes gozará de inmunidad en el marco de los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador.

La disposición ha generado debate entre sectores jurídicos y políticos, debido a las implicaciones legales que podría tener la participación de personal extranjero en operaciones de seguridad interna.

Por ahora no habrá tropas extranjeras en Ecuador

Aunque el decreto contempla la posibilidad de un despliegue militar internacional, las autoridades aclararon que actualmente no existe una planificación inmediata para el ingreso de tropas extranjeras al país.

El comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauro Bedoya, explicó que la cooperación internacional se enfocará inicialmente en asistencia técnica, intercambio de información estratégica y asesoramiento especializado.

Según detalló, gran parte del apoyo proviene actualmente de Estados Unidos y está orientado al fortalecimiento de capacidades tecnológicas para combatir a las organizaciones criminales.

“Si en algún momento se llegara a concretar un despliegue de personal extranjero, la ciudadanía será informada oportunamente”, manifestó el oficial.

Comienza la “Ofensiva Total”

El anuncio presidencial coincidió con una ceremonia de incorporación de tres helicópteros y un avión multipropósito al Ejército ecuatoriano, donde Noboa afirmó que el país entra en una fase de “guerra total” contra las estructuras criminales.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad nacional requerirá una coordinación sin precedentes entre las instituciones ecuatorianas y organismos internacionales especializados en inteligencia.

“Vamos a iniciar una etapa de ofensiva total. Nuestros sistemas de inteligencia trabajarán coordinadamente con organismos internacionales para enfrentar una amenaza que no solo afecta al Ecuador, sino a toda la región”, señaló.

El Gobierno considera que la cooperación internacional será fundamental para combatir delitos como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y las actividades de grupos armados vinculados al crimen transnacional.

Más de 13.000 militares son movilizados

Como parte de esta nueva estrategia de seguridad, las Fuerzas Armadas desplegaron 13.000 efectivos hacia las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, consideradas actualmente entre las zonas con mayores índices de violencia del país.

De acuerdo con la planificación militar, aproximadamente 6.000 uniformados serán destinados a la provincia del Guayas, donde se concentra una parte importante de las operaciones de seguridad.

Las autoridades informaron que el objetivo principal será reforzar el control territorial, intervenir en sectores considerados críticos y reducir los índices de homicidios y delitos violentos.

Según Mauro Bedoya, los efectivos movilizados provienen principalmente de provincias con menores niveles de conflictividad, entre ellas Pichincha y Azuay.

La operación denominada “Ofensiva Total” busca fortalecer la presencia del Estado en ciudades y sectores identificados como prioritarios por los organismos de seguridad.

Un nuevo escenario para la seguridad nacional

La decisión del Gobierno marca una de las medidas más contundentes adoptadas por la administración de Daniel Noboa en materia de seguridad desde el inicio de su mandato.

Mientras el Ejecutivo sostiene que la cooperación internacional y el fortalecimiento militar son necesarios para enfrentar a las organizaciones criminales, sectores políticos y jurídicos observan con atención los alcances constitucionales de la declaratoria de conflicto armado y la posibilidad de participación extranjera en tareas de seguridad interna.

Con la movilización de miles de efectivos y la implementación de nuevas estrategias operativas, Ecuador entra en una etapa decisiva en la lucha contra el crimen organizado, uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el país.

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