La Asamblea Nacional tramita dos proyectos de ley que plantean endurecer las sanciones contra abogados en libre ejercicio que incurran en conductas poco éticas o mantengan vínculos con estructuras de delincuencia organizada. Las iniciativas han abierto un intenso debate entre legisladores, juristas y gremios profesionales, que se encuentran divididos entre quienes consideran necesarias las reformas y quienes las califican de una estigmatización de la profesión.
Las propuestas forman parte de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y del proyecto de Ley Antimafias, impulsado por el oficialismo como parte de la estrategia gubernamental para combatir el crimen organizado y fortalecer el sistema de justicia.
Más de un centenar de abogados sancionados
De acuerdo con cifras del Consejo de la Judicatura (CJ), entre enero de 2024 y el 31 de mayo de 2026 fueron sancionados 114 abogados de los aproximadamente 138.000 profesionales registrados en el país.
La mayor cantidad de sanciones se concentra en las provincias de:
- Pichincha: 46 casos.
- Guayas: 9 casos.
- Azuay: 9 casos.
La mayoría de las medidas aplicadas han sido de carácter económico, mientras que únicamente 20 corresponden a suspensiones del ejercicio profesional.
Reformas al Código de la Función Judicial
Uno de los cambios más relevantes propone la creación de un Régimen Disciplinario para abogados en libre ejercicio, mediante el cual el Consejo de la Judicatura podrá imponer multas equivalentes a dos salarios básicos unificados (1.928 dólares) a quienes incurran en determinadas faltas.
Entre las conductas sancionables constan:
- Ausentarse injustificadamente de una audiencia judicial.
- Presentar de manera dolosa documentación falsa o alterada.
- Amenazar, ejercer violencia o faltar el respeto a las partes procesales, testigos, peritos, funcionarios judiciales o abogados.
La propuesta también contempla sanciones progresivas en caso de reincidencia:
- Primera reincidencia: suspensión del ejercicio profesional entre cuatro y seis meses.
- Segunda reincidencia: prohibición de ejercer la profesión durante cinco años.
Además, los jueces tendrían la facultad de imponer multas a los abogados que desacaten reiteradamente las disposiciones emitidas durante el desarrollo de una audiencia.
La Ley Antimafias y la inhabilitación profesional
Por otra parte, el proyecto de Ley Antimafias plantea que los abogados condenados mediante sentencia ejecutoriada por delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de activos, corrupción, fraude procesal, obstrucción de la justicia o enriquecimiento ilícito, entre otros, queden inhabilitados para ejercer la profesión por un período equivalente al tiempo de la pena privativa de libertad, una vez que esta haya sido cumplida.
La medida busca impedir que profesionales vinculados con estructuras criminales vuelvan a intervenir en procesos judiciales o utilicen sus conocimientos jurídicos para favorecer actividades ilícitas.
Gremios cuestionan las reformas
La propuesta ha generado preocupación entre representantes de los colegios de abogados del país.
El director del Colegio de Abogados del Guayas, César García, considera que la inhabilitación ya está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que crear una disposición específica para los abogados resulta innecesario y estigmatizante.
A su criterio, las reformas podrían vulnerar principios de proporcionalidad y restringir el derecho al ejercicio profesional.
En la misma línea, el director del Colegio de Abogados de Pichincha, Ciro Guzmán, sostiene que las iniciativas forman parte de una política de “populismo penal” que busca responsabilizar a determinados sectores de la inseguridad del país.
Aunque reconoce que existen casos de corrupción dentro del sistema judicial, advierte que los malos profesionales deben ser procesados conforme a las normas ya vigentes y respetando el debido proceso.
Juristas defienden las medidas
No todos los expertos comparten estas críticas.
El abogado André Santos considera que las reformas son necesarias y asegura que Ecuador mantiene un régimen disciplinario más flexible que otros países.
Según explica, en naciones como Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, España y Reino Unido, los abogados que colaboran con organizaciones criminales pueden ser expulsados de forma permanente del ejercicio profesional.
Para Santos, la incorporación de sanciones por reincidencia y la posibilidad de inhabilitar a abogados involucrados en actividades delictivas representan un paso importante para fortalecer la ética profesional y recuperar la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Debate abierto
Las dos iniciativas continúan su trámite legislativo y todavía deberán superar nuevas discusiones en las respectivas comisiones y en el pleno de la Asamblea Nacional.
Mientras tanto, el debate permanece abierto entre quienes consideran que las reformas son indispensables para combatir la corrupción y el crimen organizado, y quienes advierten el riesgo de que se utilicen para criminalizar el ejercicio de la abogacía en el país.
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