España concluyó este martes el plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización migratoria impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que superó todas las previsiones al registrar más de un millón de solicitudes de personas que buscan obtener un permiso de residencia y trabajo en el país.
La iniciativa, considerada una de las mayores regularizaciones migratorias de los últimos años en Europa, comenzó el pasado 16 de abril con el objetivo inicial de beneficiar a unas 500.000 personas. Sin embargo, el número de interesados terminó duplicando esa estimación, reflejando la magnitud del fenómeno migratorio que enfrenta España.
Durante una declaración oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó que detrás de cada solicitud existe una historia de vida y aseguró que quienes logren regularizar su situación pasarán a formar parte de la sociedad española «con todos sus derechos y obligaciones».
Requisitos para acceder al proceso
El programa estaba dirigido a extranjeros que residieran en España antes del 1 de enero de 2026, así como a solicitantes de asilo que hubieran iniciado sus trámites antes de esa fecha.
Entre los principales requisitos figuraban demostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses en territorio español, presentar un certificado de antecedentes penales y, en determinados casos, acreditar una situación de vulnerabilidad mediante informes emitidos por organizaciones no gubernamentales autorizadas por el Estado.
Meses de largas filas y trámites administrativos
Durante más de tres meses, miles de migrantes recorrieron oficinas municipales, dependencias administrativas y organizaciones sociales para reunir la documentación exigida.
Las largas filas se convirtieron en una imagen habitual en distintas ciudades del país, mientras numerosos solicitantes expresaban su preocupación por las dificultades para obtener algunos documentos, especialmente los certificados de antecedentes penales emitidos por sus países de origen.
Diversas organizaciones humanitarias y voluntarios brindaron asesoría y acompañamiento para facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades.
La oposición cuestiona la medida
La regularización migratoria ha generado un intenso debate político en España.
Desde el inicio del proceso, el Partido Popular (PP) y Vox manifestaron su rechazo, argumentando que una regularización masiva podría incrementar la presión sobre los servicios públicos, la sanidad, las ayudas sociales y el acceso a la vivienda.
Tras conocerse que las solicitudes superaron el millón, dirigentes del PP insistieron en que el Gobierno subestimó el impacto de la medida y criticaron la planificación del proceso.
Además, varios gobiernos regionales gobernados por el Partido Popular, entre ellos Madrid, Valencia y Aragón, presentaron recursos judiciales contra determinados aspectos del decreto que regula esta regularización extraordinaria.
El Tribunal Supremo analiza elevar el caso a la justicia europea
El proceso también ha abierto un nuevo frente judicial.
El Tribunal Supremo español estudia la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la compatibilidad de algunos aspectos del decreto con la normativa comunitaria.
La decisión surge tras admitir a trámite los recursos presentados por los gobiernos regionales de Valencia y Aragón, otorgando a las partes un plazo para pronunciarse sobre la conveniencia de elevar una cuestión prejudicial al máximo tribunal europeo.
El Gobierno transmite tranquilidad
Frente a las dudas jurídicas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que la normativa fue elaborada respetando plenamente la legislación de la Unión Europea.
Las autoridades reiteraron además un mensaje de tranquilidad a los solicitantes, aclarando que la regularización concede un permiso de residencia y trabajo válido únicamente dentro del territorio español y que el proceso continuará conforme al calendario previsto.
Con el cierre del plazo de inscripción, el Gobierno inicia ahora la fase de revisión de las más de un millón de solicitudes presentadas, un procedimiento que marcará el futuro migratorio de cientos de miles de personas que aspiran a establecerse legalmente en España.
Sé el primero en comentar