La Presidencia de la República presentó un recurso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar que se declare inadmisible el pedido de revocatoria del mandato contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto. El Ejecutivo sostiene que la solicitud carece de fundamentos jurídicos y no cumple con los requisitos establecidos en la ley.
El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en la defensa del mandato del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto al presentar este martes 7 de julio un escrito ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando que se rechace la petición de revocatoria impulsada por varias organizaciones sociales.
El documento fue entregado en la sede principal del organismo electoral, en Quito, por el secretario general jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, quien compareció en representación del binomio presidencial dentro del plazo legal de siete días previsto para responder a este tipo de solicitudes.
El recurso fue suscrito por Daniel Noboa, María José Pinto y el propio Herrería, en su calidad de abogado patrocinador y secretario jurídico de la Presidencia.
Organizaciones sociales impulsan la revocatoria
La acción responde al pedido presentado el pasado 23 de junio por dirigentes de diversas organizaciones sociales y sindicales, entre ellas la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular y la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Los solicitantes argumentan que el Gobierno habría incumplido el plan de trabajo con el que llegó al poder y que también habría vulnerado obligaciones establecidas en la Constitución y la legislación vigente.
Como principal fundamento sostienen que los acuerdos económicos suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas implementadas por el Ejecutivo impedirían cumplir las propuestas ofrecidas durante la campaña electoral.
Gobierno cuestiona la falta de fundamentos
En su escrito, la Secretaría Jurídica sostiene que la solicitud de revocatoria no identifica de manera precisa cuáles son los compromisos específicos del plan de Gobierno que supuestamente no se han cumplido.
Según el Ejecutivo, los promotores de la iniciativa se limitan a afirmar que determinadas decisiones económicas podrían dificultar el cumplimiento del programa gubernamental en el futuro, pero no demuestran que exista un incumplimiento efectivo de metas, proyectos u obligaciones concretas.
La Presidencia recuerda además que el plan de Gobierno fue diseñado para ejecutarse durante el periodo 2025-2029, por lo que considera jurídicamente improcedente evaluar su cumplimiento cuando apenas ha transcurrido el primer año de administración.
El documento cita resoluciones anteriores del propio Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en las que se establece que no es posible declarar incumplido un plan de gobierno basándose únicamente en apreciaciones generales o sin presentar pruebas documentales.
Diferencias entre el plan de Gobierno y la política económica
Otro de los argumentos planteados por la Secretaría Jurídica señala que los solicitantes confunden distintos instrumentos de planificación estatal.
El escrito sostiene que la solicitud equipara el plan de Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual de Inversiones y las cartas de intención suscritas con el Fondo Monetario Internacional, tratándolos como si constituyeran un solo documento.
Según el Gobierno, esa interpretación carece de respaldo constitucional y legal.
En ese sentido, el Ejecutivo sostiene que la revocatoria estaría siendo utilizada para cuestionar la política económica del Gobierno, cuando ese tipo de desacuerdos debería canalizarse mediante otros mecanismos de participación ciudadana, como una consulta popular, y no a través de un proceso de revocatoria del mandato.
También rechaza la segunda causal
Respecto al supuesto incumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, la Presidencia sostiene que la solicitud tampoco identifica con claridad cuál sería la disposición específica que el presidente o la vicepresidenta habrían incumplido.
El documento indica que los argumentos utilizados para sustentar esta segunda causal prácticamente repiten los mismos planteamientos expuestos sobre el supuesto incumplimiento del plan de Gobierno.
Además, cuestiona que los promotores atribuyan responsabilidades conjuntas al presidente y a la vicepresidenta sin diferenciar las funciones que corresponden a cada uno.
En el caso de María José Pinto, el escrito enfatiza que no se señala ninguna competencia específica asignada mediante decreto ejecutivo que ella hubiera dejado de cumplir.
El Ejecutivo asegura que sí ha cumplido su programa
Más allá de los cuestionamientos jurídicos a la solicitud de revocatoria, la Secretaría Jurídica afirma que el Gobierno Nacional sí ha venido ejecutando acciones encaminadas al cumplimiento del plan de Gobierno 2025-2029.
Según el documento, las distintas instituciones que integran la Función Ejecutiva desarrollan programas, proyectos y políticas públicas alineadas con los objetivos planteados durante la campaña electoral.
Con base en estos argumentos, la Presidencia solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral que declare inadmisible el pedido de revocatoria del mandato al considerar que no cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Ahora será el CNE el organismo encargado de analizar la documentación presentada por ambas partes y determinar si el proceso continúa o si la solicitud es archivada por incumplir las exigencias legales.
Sé el primero en comentar