Procesos penales, investigaciones patrimoniales, fiscalización legislativa y sanciones del Tribunal Contencioso Electoral marcan el panorama de varias autoridades locales a pocos meses de las elecciones seccionales de 2026. Los casos abarcan presuntos delitos contra la administración pública, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violencia política de género.
A pocos meses de las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026, varios alcaldes y prefectos del país enfrentan investigaciones en distintos frentes que podrían influir en su futuro político y judicial.
Las acciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado, la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) buscan esclarecer presuntos delitos relacionados con corrupción, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, contratación pública, incremento patrimonial injustificado y violencia política de género.
Cinco alcaldes procesados por la Fiscalía
Actualmente, la Fiscalía mantiene procesos penales contra cinco alcaldes en funciones.
Entre ellos figura Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, quien enfrenta tres investigaciones iniciadas entre 2025 y 2026.
Los procesos corresponden a los casos Triple A, por la presunta comercialización ilegal de combustibles; Goleada, por un supuesto lavado de activos; y una tercera causa relacionada con el retiro de su grillete electrónico, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
También es investigado Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, detenido durante el operativo Blindaje, dentro de una investigación por presunto lavado de activos debido al origen de varios bienes adquiridos entre 2020 y 2025.
La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa Santillán, fue detenida en el operativo Digitador, que investiga una supuesta estructura dedicada a la emisión y cobro irregular de trámites de tránsito.
En Cotopaxi, el alcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera, afronta un proceso por presunto peculado relacionado con posibles irregularidades en contratos de obra pública, mientras que el alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido por una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito, sustentada en informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La Asamblea abre procesos de fiscalización
El control político también alcanzó a los gobiernos autónomos descentralizados.
La Asamblea Nacional aprobó resoluciones para que las comisiones de Régimen Económico y de Gobiernos Autónomos Descentralizados investiguen el manejo de recursos públicos y los patrimonios de alcaldes y prefectos.
La Comisión de Régimen Económico analiza informes de la Contraloría que contienen indicios de responsabilidad penal relacionados con municipios, prefecturas y juntas parroquiales.
Durante las comparecencias iniciales, la Subcontraloría informó que entre 2016 y 2026 se emitieron 5.203 informes de control, de los cuales 774 contienen indicios de responsabilidad penal.
Las principales observaciones corresponden a procesos de contratación pública, consultorías, prestación de servicios y contratos de comunicación y publicidad.
En las próximas semanas comparecerán representantes de la Fiscalía General del Estado, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), el Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope) y el Conagopare.
Revisión patrimonial a autoridades locales
Paralelamente, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados desarrolla una investigación sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos.
La mesa legislativa solicitó a la Contraloría las declaraciones juramentadas presentadas al inicio de funciones por las autoridades electas en 2023.
También requerirá información al Servicio de Rentas Internas (SRI), al Ministerio del Trabajo y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) con el propósito de verificar que los ingresos declarados coincidan con la evolución patrimonial de los funcionarios.
Según explicó la presidenta de la comisión, Lucía Pozo, el análisis no parte de una lista específica de autoridades, sino que abarcará a todas las alcaldías y prefecturas del país.
La investigación incluirá, además, la revisión patrimonial de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad.
La Asamblea habilitó además el correo electrónico gadtransparente@asambleanacional.gob.ec para recibir denuncias y alertas ciudadanas relacionadas con posibles irregularidades.
Sanciones electorales afectan a varias autoridades
El ámbito electoral también registra decisiones relevantes.
En los últimos meses, el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado a varios alcaldes y prefectos por infracciones electorales, principalmente relacionadas con violencia política de género.
Uno de los casos más relevantes es el del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, cuya sanción fue ratificada por el pleno del Tribunal.
La resolución suspende sus derechos de participación política durante seis meses, impone una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados y ordena medidas de reparación integral por violencia política de género contra la concejala Diana González.
Una situación similar enfrenta el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, quien fue sancionado en primera instancia por violencia política de género contra la viceprefecta Mónica Loza.
Aunque su defensa anunció recursos de apelación, la resolución podría afectar sus aspiraciones electorales.
En tanto, el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, también perdió su apelación ante el TCE, quedando firme la suspensión de sus derechos políticos por no asistir a los debates obligatorios durante las elecciones seccionales de 2023.
Un escenario político bajo vigilancia
Las investigaciones judiciales, los procesos de fiscalización y las sanciones electorales configuran un escenario complejo para varias autoridades locales cuando el país se aproxima a una nueva contienda electoral.
Mientras la Fiscalía, la Contraloría y la Asamblea avanzan en sus investigaciones, las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral podrían tener efectos directos sobre las aspiraciones de reelección de algunos alcaldes y prefectos.
En los próximos meses, el desarrollo de estos procesos será determinante tanto para el panorama político nacional como para la confianza ciudadana en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados.
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