La seguridad en Ecuador ya no será abordada únicamente desde el ámbito policial y militar. El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029, impulsado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, plantea un cambio de paradigma al incorporar la educación, el empleo, la salud, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento del tejido social como pilares fundamentales para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
La estrategia reconoce que la violencia no solo se combate mediante operativos de seguridad, sino también con políticas públicas que generen oportunidades para la población y reduzcan los factores que facilitan el reclutamiento de personas por parte de organizaciones criminales.
Una visión más amplia de la seguridad
El documento oficial introduce el concepto de seguridad multidimensional, bajo el cual la protección ciudadana está directamente relacionada con la calidad de vida de la población.
Desde esta perspectiva, el Gobierno sostiene que garantizar el acceso a educación, salud, vivienda, empleo y servicios básicos también constituye una forma de prevenir la violencia y fortalecer la estabilidad del país.
El plan identifica como factores de riesgo la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades laborales y la deserción escolar, condiciones que, según el diagnóstico oficial, incrementan la vulnerabilidad de niños, adolescentes y jóvenes frente a las estructuras del crimen organizado.
Las cifras citadas por el Ejecutivo reflejan ese panorama: la pobreza alcanzó el 24 % a mediados de 2025, mientras que la pobreza extrema llegó al 10,4 % y la informalidad laboral supera el 53 %, indicadores que, según el documento, favorecen el crecimiento de economías ilícitas.
La educación, eje principal de la prevención
Dentro del nuevo modelo de seguridad, la educación ocupa un lugar prioritario.
El Gobierno propone fortalecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, reducir la deserción escolar, mejorar la seguridad dentro y fuera de los planteles y reforzar la formación en valores como herramienta preventiva frente a la violencia.
Para el excatedrático universitario Javier Cedeño, este cambio representa un avance significativo al reconocer que las causas de la inseguridad comienzan mucho antes de la intervención policial.
«Es un paso adelante que ahora se le dé importancia al tema social para combatir la inseguridad. Todo gobierno debería partir primero desde lo social», sostiene.
El académico considera que la educación constituye la herramienta más poderosa para construir una sociedad menos vulnerable frente al crimen, aunque advierte que el desafío no consiste únicamente en ampliar la cobertura educativa.
A su criterio, también es indispensable recuperar la enseñanza de valores ciudadanos, convivencia y responsabilidad social dentro del sistema educativo.
La deserción escolar, una preocupación nacional
El Plan Nacional de Seguridad identifica el abandono escolar como uno de los principales factores que facilitan el reclutamiento de adolescentes por parte de organizaciones criminales.
El documento señala que cerca del 38,8 % de los estudiantes ha presenciado hechos violentos dentro o en los alrededores de sus instituciones educativas, situación que también influye en la decisión de abandonar los estudios.
Frente a esta realidad, el Gobierno plantea ampliar la cobertura educativa, reforzar la seguridad escolar e implementar programas específicos destinados a evitar que niños y jóvenes abandonen las aulas.
Según Cedeño, estas medidas apuntan directamente al origen del problema.
«Estos problemas vienen desde hace mucho tiempo. No son de ahora», afirma, al tiempo que advierte que los resultados de estas políticas solo podrán observarse a mediano y largo plazo.
El empleo también forma parte de la estrategia de seguridad
Uno de los cambios más relevantes del plan consiste en incorporar el acceso al empleo como un componente de la política de seguridad nacional.
La propuesta busca reducir el desempleo, disminuir la informalidad laboral y ampliar las oportunidades de capacitación técnica para evitar que jóvenes y adultos encuentren en las economías ilegales una alternativa de sustento.
El Objetivo Nacional 5 establece que, una vez recuperado el control de los territorios mediante acciones policiales y militares, el Estado deberá consolidar su presencia con programas de educación, salud, desarrollo social y generación de empleo, evitando que las organizaciones criminales vuelvan a ocupar esos espacios.
El reto será mantener las políticas en el tiempo
Especialistas coinciden en que el éxito del nuevo enfoque dependerá menos del contenido del documento y más de la continuidad de las políticas públicas durante los próximos años.
Para el sociólogo y excatedrático Ronald Intriago, Ecuador ha enfrentado históricamente dificultades para mantener programas sociales a largo plazo debido a los cambios de gobierno.
«La sociedad está fallando en lo social porque no existen políticas públicas permanentes en el tiempo. Cada gobierno cambia las prioridades y esa continuidad se interrumpe», señala.
A su juicio, la inseguridad responde a problemas estructurales acumulados durante décadas y solo podrá reducirse mediante políticas sostenidas que fortalezcan la educación y el entorno familiar.
La familia también es parte de la solución
Aunque el plan concentra buena parte de sus acciones preventivas en el sistema educativo, Intriago considera que la familia desempeña un papel igualmente decisivo.
El especialista explica que muchos niños llegan a las escuelas con escasa orientación en valores y formación ciudadana, situación que dificulta su desarrollo integral.
Además, advierte sobre la creciente influencia de las redes sociales, donde numerosos adolescentes priorizan el éxito económico inmediato y los bienes materiales, lo que puede facilitar el acercamiento de organizaciones criminales que ofrecen ingresos rápidos.
Los resultados tomarán varios años
Tanto Javier Cedeño como Ronald Intriago coinciden en que el componente social incorporado en el Plan Nacional de Seguridad Integral no generará efectos inmediatos sobre los índices de violencia.
Ambos sostienen que las transformaciones educativas, culturales y sociales requieren años de trabajo constante antes de reflejarse en una reducción sostenida de la delincuencia.
Como referencia, Intriago menciona experiencias internacionales, como la de Singapur, donde las políticas de educación, disciplina institucional y lucha contra la corrupción demandaron décadas de implementación para consolidar resultados.
En ese contexto, los especialistas concluyen que el principal desafío del nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral será garantizar que sus políticas sociales se conviertan en una verdadera política de Estado y no únicamente en una estrategia vinculada al actual periodo presidencial.
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